5 de diciembre de 2020
16 de diciembre de 2012

CHA pide a la DPZ que rechace la reforma de la Justicia y la Ley de Tasas Judiciales

CHA pide a la DPZ que rechace la reforma de la Justicia y la Ley de Tasas Judiciales
EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en la Diputación Provincial de Zaragoza defenderá en el pleno de diciembre de esta institución que la DPZ rechace la nueva ley 10/2012, de 2 de noviembre, que regula las tasas judiciales, "solicitando su inmediata derogación por restringir el derecho constitucional a la tutela efectiva y a la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

En la propuesta de resolución, CHA también solicita que la Diputación de Zaragoza se dirija a la Defensora del Pueblo y al Justicia de Aragón para que presenten recurso de inconstitucionalidad, "en el caso aragonés por invasión de competencias propias en la materia (artículo 71.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón)".

El diputado y portavoz de CHA en la DPZ, Bizén Fuster, ha explicado que "las nuevas tasas limitan enormemente el acceso a la justicia por razones meramente económicas, ya que lo que hasta ahora era un servicio público al alcance de todos pasa a ser inaccesible para muchas personas".

Fuster ha recordado que dichas tasas "han sido rechazadas por todos los sectores profesionales: Consejo General de la Abogacía, Jueces para la democracia, Consejo de consumidores y usuarios y la práctica totalidad de sindicatos y partidos políticos".

El portavoz de CHA ha advertido de que con esta nueva ley la población tendrá que pagar por acudir a la justicia en temas como despidos laborales, negligencias médicas, impugnaciones de sanciones, multas administrativas, comunidades de propietarios.

"Van a ser muchos los asuntos que afectarán al bolsillo de los ciudadanos, ya que los requisitos para el acceso al sistema de beneficio de justicia gratuita son tan extremos que el grueso de la sociedad queda fuera", ha criticado.

En el caso de Aragón, además, "se da la circunstancia de que desde 1283, con la promulgación del Privilegio General de Aragón, se reconoce la gratuidad de la Justicia para aquellas personas de bajos ingresos. Una tradición jurídica aragonesa para la que se pide mantener el respeto debido".