ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio ha alcanzado un acuerdo sobre el procedimiento que se seguirá para la realización de la presente edición de los Presupuestos Participativos en los barrios rurales de Zaragoza.
El consistorio de la capital aragonesa ha indicado en una nota de prensa que de los diez millones de euros destinados en el Presupuesto Municipal para los Presupuestos Participativos, siete millones se destinan a los distritos urbanos, dos millones a propuestas de ciudad y un millón a barrios rurales.
La instrucción consensuada para esta edición explica que los Presupuestos Participativos "son una nueva herramienta que viene a complementar y ampliar el alcance de las políticas públicas, permitiendo la toma de decisiones por parte de vecinos y vecinas, compaginando de este modo la actividad desarrollada por los alcaldes y alcaldesas electas, aportando y generando nuevas dinámicas de proximidad para con los vecinos y vecinas, y aumentado la calidad y transparencia de las políticas públicas".
Según el acuerdo, con carácter general, en los barrios rurales se aplicará lo dispuesto para los mismos en el documento de bases reguladoras de los Presupuestos Participativos aprobado por el Gobierno de Zaragoza del 13 de diciembre de 2017.
En ellas, se indica que se podrán en marcha con la celebración de un pleno extraordinario para constituir la Mesa de Presupuestos Participativos, que funcionará como grupo de trabajo de la junta, tal y como recoge el artículo 20 del Reglamento de Participación. Podrán formar parte de la misma los miembros de la junta, colectivos y vecinos y vecinas. Elaboración del listado de demandas históricas del Barrio, base inicial del listado de propuestas.
Después, se producirá la presentación de propuestas por los vecinos y vecinas durante un plazo de diez días y le seguirá la selección de propuestas a través de la convocatoria de la Mesa de Presupuestos Participativos para el debate y propuesta de priorización de las que pasan a la valoración técnica, un máximo de 10 o de 15, según el tamaño del barrio.
La priorización se establecerá por consenso y en caso de no llegar a consenso dirimirá el resultado final de priorización el Pleno de la Junta. La siguiente fase será la valoración técnica de las mismas y ratificación por parte del Pleno de la Junta Vecinal y, por último, la votación por parte de los vecinos y vecinas del barrio. El resultado será vinculante si se alcanza el 12,5 por ciento de participación.
APOYO
El acuerdo del Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio también señala que las Juntas Vecinales contarán con el apoyo operativo de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto y del Servicio de Distritos para el desarrollo de las diferentes fases del proceso de Presupuestos Participativos 2018, así como del Voluntariado en el ámbito de sus funciones.
Asimismo, la limitación de exclusión de las propuestas que superen el 50 por ciento del presupuesto asignado y que es norma reguladora para los distritos, no resultará de aplicación en el marco de la adecuación del proceso a los Barrios Rurales.
Del mismo modo, tampoco resultará de aplicación la necesidad de que las propuestas valoradas técnicamente sean ratificadas en bloque por parte de la Junta Vecinal, siendo éstas ratificadas individualmente hasta alcanzar el número establecido --un máximo de diez o de 15, según el tamaño del barrio--.
En caso de existir remanentes, una vez ejecutadas las obras serán los Plenos de las Juntas Vecinales los que decidirán las obras a realizar con los mismos.
REPARTO
El reparto de las cuantías asignadas a cada barrio rural se efectuará de acuerdo con los criterios y cantidades recogidas en la tabla elaborada por la Oficina Municipal de Información y Análisis económico y de los Servicios que en anexo se acompaña a esta instrucción.
Este proceso, que se iniciará de manera inmediata, culminará antes del 8 de julio, iniciándose a continuación las fases de redacción de proyectos y memorias necesarias para su ejecución.
Las obras elegidas deberán estar licitadas el 15 de diciembre y ejecutadas con la fecha límite del 30 de marzo de 2019, si los mecanismos de contratación pública lo permiten.
