ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Aragón continuarán tramitando el proyecto de Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad tras superar la iniciativa el debate de totalidad con el apoyo de toda la cámara.
Ha defendido la iniciativa el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, quien ha expuesto que esta será una ley "transversal" y que se basa en "el respeto a la diversidad", con la intención de promover "un cambio fundamental en las políticas públicas" para lograr "la accesibilidad universal, con equidad y sostenibilidad, hacia una sociedad plenamente inclusiva".
Ha observado que esta iniciativa legislativa da prioridad a las políticas de empleo y a la igualdad de oportunidades para todas las personas según sus capacidades y en todos los perfiles de ocupación.
Vicente Guillén ha puesto de relieve la atención específica a las mujeres con discapacidad, que representan el 60 por ciento del colectivo, y las cuidadoras, apostando por "corregir las desigualdades asociadas a sexo y discapacidad" en aras a construir "un nuevo paradigma social".
AUTONOMÍA
La diputada del PP, Marian Orós, ha considerado que "una persona es discapacitada cuando no puede acceder a las oportunidades como el resto de los ciudadanos", siendo una obligación de los poderes públicos garantizarlas.
Ha expresado que estas personas "aspiran a tener una vida lo más autónoma posible, pero día a día se enfrentan a un entorno discapacitante", emplazando a "ponerse en la piel del otro" y observando que "al final de nuestras vidas muchos de nosotros tendremos algún tipo de discapacidad".
Este colectivo necesita "una ley adaptada a los tiempos, que garantice sus derechos y oportunidades", ha continuado Marian Orós, quien ha alertado contra "la ambigüedad calculada" y "las promesas sin bases ni financiación".
Desde el PSOE, Pilimar Zamora, ha alertado de que las personas con discapacidad "todavía ven limitado el pleno ejercicio de sus derechos", de manera que "los poderes públicos no pueden darles la espalda". En Aragón, un 10 por ciento de la población tiene reconocido algún grado de discapacidad, cifra que aumentará por el envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas, ha apuntado.
Zamora ha destacado algunas medidas del Gobierno de Javier Lambán, como el acercamiento de servicios públicos al medio rural, la aprobación del Plan de Salud Mental y de la Ley de Concertación Social, siendo lo más importante la implantación de la "transversalidad" en el abordaje de estas políticas.
En representación de Podemos, Raúl Gay ha dicho que "todos podemos ser discapacitados, nadie se libra" y ha subrayado que "la discapacidad es un problema, pero sin dinero se puede convertir en un infierno", preguntándose si las necesidades de este colectivo están cubiertas por este proyecto de ley: "me temo que no", ha dicho, añadiendo que la iniciativa recoge "muchas promesas" que "no garantizan nada", por lo que en su redacción original es "un brindis al sol".
En sus términos actuales "no lo vamos a aprobar", ha avisado Gay, quien ha abogado por introducir "medidas valientes, concretas" y ha dejado claro que no va a dar su brazo a torcer.
UN PASO IMPORTANTE
En representación del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué ha considerado que se va a dar "un paso importante" y ha manifestado que "el tercer sector va muy por delante" tras luchar durante "muchos años". Ha recordado que fue el PAR el Grupo que presentó la primera proposición no de ley para legislar sobre esta materia en esta legislatura.
La diputada de Cs, Desirée Pescador, ha indicado que regular esta materia permitirá adecuar la normativa autonómica a la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad y ha urgido a promover la "plena inclusión" y la igualdad de derechos de este colectivo.
Por otra parte ha exigido que se cumpla la cuota de reserva para el acceso al empleo público y privado, así como a mejorar la educación inclusiva. "No entendemos que no vaya acompañado de una dotación presupuestaria", ha añadido. Pescador ha propuesto aprobar un pacto de Estado para no discriminar a las personas con discapacidad en función de su comunidad de residencia.
La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha lamentado que "las personas con discapacidad no tienen la misma igualdad de oportunidades que la mayoría de la sociedad" y, de hecho, "son muchos los obstáculos que se encuentran día a día", de ahí la necesidad de crear un marco normativo que impulse la plena garantía de sus derechos. Ha elogiado "el gran trabajo" de las asociaciones del sector durante el proceso de participación previo a la tramitación parlamentaria.
