El Gobierno tiene tres años para desarrollar las pruebas
ZARAGOZA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Aragón han convalidado este jueves, en sesión plenaria, el Decreto-Ley que propiciará la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir 2.783 plazas de funcionario público.
Aunque el Gobierno dispone de tres años para desarrollar las pruebas, los acuerdos para fijar las medidas de las convocatorias son "inminentes", ha dicho el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, quien ha defendido la iniciativa legislativa. Los Grupos de PP y PAR han votado favorablemente y en contra lo han hecho PSOE, CHA e IU.
Saz ha dado cuenta a la Cámara del Decreto-Ley, que ha sido presentado para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la Comunidad Autónoma a completar la oferta de empleo público de 2007 y contratar a 558 nuevos funcionarios en la Administración General y la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que dispone que la OPE de 2011 se terminará de llevar a cabo cubriendo 2.255 plazas nuevas.
El titular de Administración Pública ha informado de que de las 2.783 plazas corresponden 1.034 a la Administración General de la Comunidad Autónoma, 385 a personal docente y 1.364 a personal estatutario. Los seleccionados serán profesionales sanitarios, docentes, ingenieros y auxiliares administrativos, entre otros. Un siete por cien de las plazas son para personas con diversidad funcional y también habrá reserva de plazas para víctimas del terrorismo.
José Luis Saz ha expuesto que el TS anuló en octubre de 2010 la convocatoria de 2007 y en febrero de 2012 el TSJA hizo lo propio con la de 2011 debido, en ambos casos, a que no se habían incluido las plazas vacantes cubiertas por interinos. Los tribunales dieron un plazo de seis meses para la ejecución de la sentencia, plazo que el Ejecutivo no cumplió, lo que motivó que la Asociación para la Defensa de la Función Pública solicitara la aplicación de la misma mediante un incidente de ejecución de las sentencias.
La situación que se planteó era "complicada", dado que "había que agregar plazas, identificar plazas, analizar cuáles quedaban en vigor", lo cual fue "un proceso muy laborioso". Quedaron excluidas las reservadas a funcionarios de carrera, las amortizadas y las pendientes de amortización.
El consejero ha hecho notar que los puestos que se van a convocar fueron redistribuidos como consecuencia de la reordenación de las Consejerías, además ha habido procesos de amortización y se han celebrado concursos, de ahí la complejidad. Finalmente, el 9 de enero de 2014 el Gobierno de Aragón puso en marcha el Decreto-Ley, eligiendo esta fórmula por conllevar "una mayor seguridad jurídica", ha dicho Saz.
El titular de Administración Pública ha expresado que "durante años ha estado lesionado el derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública", resultando afectados este derecho fundamental así como los principios administrativos de mérito y capacidad.
GARANTÍA JURÍDICA
El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha negado que haya una mayor seguridad jurídica por ser un Decreto-Ley y ha espetado al consejero que "ustedes no están cumpliendo la ley", ya que "han sido incapaces de cumplir" las sentencias, que marcaban un plazo de seis meses para convocar las pruebas. Saz "está desacatando al tribunal", ha añadido.
Ha dicho también que no hay garantía "en absoluto" de dotar las plazas si no se modifica el Capítulo I de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Ha pedido que el Decreto se tramite como proyecto de ley, lo que ha votado en contra el resto de la Cámara.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha afirmado que votar a favor significa "colaborar para que una ilegalidad parezca legal" y ha considerado que este Decreto-Ley es un "ataque gravísimo a la separación de poderes", ya que esta norma es un instrumento para que "el Ejecutivo se aproveche del Legislativo para pitorrearse del judicial".
En opinión de Soro, "se están negando abiertamente a dar el debido cumplimiento" a las resoluciones judiciales incumpliendo los plazos. Ha negado que con el Decreto-Ley se dé mayor seguridad jurídica a los procesos selectivos.
La parlamentaria socialista, Ana Fernández, ha exigido a Saz que cumpla las sentencias de los tribunales, ha recordado que ha tenido seis meses de plazo y ha tildado de "innecesario" el trámite de la aprobación del Decreto-Ley, que ha atribuido al interés del Gobierno en darse a sí mismo "un plazo mayor al que está marcado en la normativa".
"Hay muchas personas pendientes de estas convocatorias", ha continuado Fernández, quien ha aseverado que el Ejecutivo pretende "dilatar" la convocatoria de las pruebas. Ha negado que el Decreto-Ley dé más seguridad jurídica.
En representación del PAR, el diputado Antonio Ruspira se ha mostrado convencido de que la norma aprobada da garantía jurídica y ha subrayado que con las pruebas se repone la "lesión" a los ciudadanos y se cumplen las sentencias del TS y el TSJA.
La parlamentaria del PP, Yolanda Vallés, ha expresado que con el Decreto-Ley se repone el derecho de acceso a la función pública y ha asegurado que algunos de los que se oponen a realizar una nueva ordenación "no son los responsables, sino culpables" de la situación, dado que las plazas no se convocaron con el anterior Gobierno autonómico.
