ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón ha propuesto crear un número de teléfono gratuito y una oficina centralizada para orientar y realizar las gestiones necesarias para desalojar una vivienda ocupada.
El objetivo de esta iniciativa de la formación naranja es centralizar las reclamaciones sobre viviendas ocupadas y asesorar a los propietarios desde la propia Dirección General de Vivienda o desde alguna empresa dependiente del Gobierno de Aragón y especializadas en el sector, como Suelo y Vivienda de Aragón; además de promover los convenios con los Colegios de Abogados de los municipios aragoneses para poder derivarles los posibles casos.
El portavoz de Cs en Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Carlos Ortas, ha recordado que en Aragón han aumentado considerablemente los casos. "Cuando un ciudadano se encuentra con la ocupación de su vivienda, el principal problema es su falta de asesoramiento y la variedad de gestiones que tiene que realizar".
Ha considerado que "desde la comunidad autónoma sí que podemos articular esa ayuda para asesorar y guiar a los ciudadanos que tengan la desgracia de encontrar su vivienda ocupada en los vericuetos legales existentes que confluyen en la recuperación de su vivienda".
Ortas ha indicado que otras administraciones, como la Junta de Andalucía, que no tiene tampoco competencias legislativas para realizar el desalojo, ha creado una oficina de asesoramiento con un teléfono gratuito, el 900 100 112, donde se pondrá en contacto a quien llame con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, y donde se localizarán todas las actuaciones dentro de las intervenciones que haya que realizar para desalojar de forma inmediata a los 'okupas' de estas viviendas que, en muchos casos, no son solamente habituales, sino segundas residencias.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
En Zaragoza ya existe un servicio de atención que proporciona el propio Ayuntamiento gracias a un convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza. Un convenio de colaboración para prestar asesoramiento y orientación a particulares y comunidades de propietarios.
El convenio, que tiene una duración de un año y podrá prorrogarse durante dos años más, contará con una dotación presupuestaria de 20.000 euros que podrá revisarse en función de las necesidades del servicio. De este modo, el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Zaragoza ayudarán a quienes sufran la privación de la posesión mediata o inmediata de su legítimo bien llevada a cabo sorpresivamente por terceras personas u organizaciones de cualquier índole no autorizadas o legitimadas.
