En Aragón, las medidas de contención se limitan a las crisis heteroagresivas graves, brotes psicóticos y actitudes psicopáticas
MADRID/ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, destapa en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.
El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.
A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas. El trabajo también que las ausencias voluntarias de los internados son muy frecuentes, llegándose en muchos casos a cifras muy elevadas de ausencias definitivas.
Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria.
Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.
A pesar de ser escasos los reglamentos de régimen interno, Múgica indica que los centros realizan registros en las habitaciones de los niños, a los que se les exige incluso desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez de primera instancia, al que se le deben trasladar cuantas circunstancias fuesen precisas, en orden de realizar una medida de tal naturaleza, según lo reiterado por el Tribunal Constitucional.
INVESTIGACIÓN DE 27 DE LOS 58 CENTROS DE MENORES
Para realizar una valoración lo más objetiva posible de la situación, la Institución presidida por Enrique Múgica seleccionó 27 centros entre los 58 actualmente existentes en España. Para ello, inspeccionó establecimientos en todas las comunidades autónomas que cuentan con recursos de esta naturaleza, procurando seleccionar los gestionados por diferentes entidades a fin de conocer los distintos tipos de intervención que se están desarrollando con los menores.
Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", formuladas por padres alarmados ante las dificultades que para la convivencia suponen los graves problemas de inadaptación familiar y social de sus hijos, así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores.
De la investigación realizada por el Defensor del Pueblo se deduce que los resultados del sistema de protección que se viene desarrollando no siempre son satisfactorios para los educadores, y en muy pocos casos para los educandos, que manifiestan un elevado índice de insatisfacción, tanto durante su permanencia en estos recursos de acogida, como cuando, al cumplir 18 años, han de abandonar el centro aunque no hayan superado su programa de intervención terapéutica.
EN ARAGÓN
Por lo que se refiere a la Comunidad autónoma aragonesa, el estudio del Defensor del Pueblo explica que, según en el informe remitido por el Departamento de Servicios Sociales y Familia de Aragón, para valorar la escolarización y formación hay que tener en cuenta que se trata de centros terapéuticos que reciben casos extremos.
Son menores que arrastran una historia social y psicopatológica severa, por lo cual el aspecto fundamental que tienen que abordar es el clínico y posteriormente, la rehabilitación social, educacional y laboral, agregan.
Así, la mayoría de menores de 16 años que acuden a estos recursos han sido expulsados de algún centro educativo, o presentan un alto grado de absentismo escolar. Tras la evaluación y el primer ciclo de terapia, se intenta matricularles en un instituto o centro de garantía social.
Además, destaca que el centro PRISMA (Zaragoza) está abriendo una vía, a través de un programa de la Fundación La Caixa, para recibir atención por profesores en las dependencias del centro, hasta que los menores estén preparados para su integración en recursos abiertos de formación.
Por su parte, el Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen (Zaragoza) ofrece una serie de talleres y actividades de aprendizaje, incluyendo un plan de actividades escolares que tiene por objeto fomentar y mantener actividades educativas básicas para no descuidar aspectos educativos formales durante el tiempo que permanezcan los menores en el centro. También hay un taller de habilidades prelaborales y distintos talleres ocupacionales.
PROTECCIÓN DEL PROPIO PACIENTE
El informe deja constancia de que los centros terapéuticos de Aragón atienden casos extremos, en los que las medidas de contención farmacológicas, físicas y de aislamiento se contemplan como una forma de protección hacia el propio paciente y hacia el resto de pacientes y personal.
Estas medidas se limitan a las crisis heteroagresivas graves, que muchas veces van asociadas al consumo de tóxicos, o a brotes psicóticos y actitudes psicopáticas.
Se considera que, en ocasiones, es más segura la contención mecánica que el abuso de contención farmacológica, que en menores puede provocar efectos secundarios graves. No obstante, se procura que la aplicación de esta medida sea puntual y de corta duración.
COMUNICACIÓN
El informe indica que los menores pueden comunicarse en Aragón con sus letrados, que les pueden visitar y hablar con ellos por teléfono o correo. Asimismo, con los magistrados que se entrevistan, personalmente y con regularidad con los internos, o bien por escrito, a través de hojas de quejas, en sobre abierto o cerrado, en documento autocopiativo del que se pueden quedar resguardo los menores. Los citados reglamentos regulan los tiempos y procedimientos para darles curso.
En la información facilitada sobre los centros terapéuticos se señala que los procedimientos de reclamación son los regidos por el Gobierno de Aragón a través de sus hojas de reclamación oficiales. Los menores también mantienen contacto con sus educadores y coordinadores, que llevan a cabo un cercano seguimiento de su evolución.
Por otra parte, la permanencia de los menores en los centros terapéuticos es variable. Al contar con distintos recursos, como hospitales o centros de día, consultas y pisos, la estancia depende de la evolución del menor, de los recursos intermedios y del apoyo familiar.
No obstante, el informe comenta que la escasez de recursos intermedios condiciona la prolongación de la estancia en centros y la institucionalización del menor. Los motivos de alta son los mismos que en cualquier usuario, añadiendo el fin de las medidas de protección y el fin de la cobertura del recurso.
Asimismo, indica que, desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se realizan constantes y frecuentes visitas a los centros, con una intención educativa y de colaboración para la correcta atención a los menores, y no una intervención de inspección en la que se levante acta.
