Garzón alertó del riesgo de fuga pero Pedraz sostiene que no hay pruebas para acusarles de colaborar en la muerte del dirigente del PP
MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz volvió hoy a decretar libertad provisional para los etarras Ainara Esteran, Aitor Lorente y David Pla, acusados de asesinar en mayo de 2001 al senador del PP Manuel Giménez Abad. Esta decisión contradice la de su compañero Baltasar Garzón quien a su vez, mientras Pedraz se encontraba de vacaciones, revocó la decisión de éste de excarcelar a los imputados.
Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y encargado de instruir la causa contra los tres etarras, argumenta en un auto que, "pese a lo considerado en el auto" del 25 de julio por Garzón, no existen "motivos bastantes para creer responsables" del asesinato a los imputados, acusados de suministrar información a la dirección de ETA para cometer el atentado.
A pesar de que Garzón acordase en su auto la práctica de diez diligencias, subraya Pedraz, este hecho indica que han sido ordenadas "para determinar si existen motivos bastantes" para la acusación, "de lo que se deduce que no están constatados". También argumenta que no se cumplen los requisitos legales para mantener a los etarras en prisión, ya que, en su opinión, no existe riesgo de fuga ni de reincidencia. Según Pedraz, tampoco hay peligro de que los acusados oculten, alteren o destruyan pruebas, ni de que actúen contra bienes jurídicos de la víctima.
VISIONES CONTRADICTORIAS
La excarcelación de los tres etarras decretada hoy por Pedraz contradice la decisión tomada el pasado 25 de julio por Garzón, quien a su vez, a instancias de la Fiscalía, revocó el auto dictado por su compañero el día 14 de ese mismo mes, en el que archivaba la investigación abierta contra los etarras. Garzón tomó esta decisión mientras sustituía a Pedraz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1, evitando así la excarcelación de Pla y Lorente, prevista para el mismo día 25 de julio, al haber terminado ambos de cumplir condena por otra causa.
Al contrario que Pedraz, Garzón consideraba necesario el ingreso en prisión provisional de los tres terroristas porque, "de no hacerlo así, se puede correr el riesgo, más que evidente, de que (...) puedan sustraerse en forma inmediata o próxima a la acción de la Justicia ante la gravedad de la imputación (asesinato terrorista)".
Según Garzón, "pese a la exhaustiva documentación" desplegada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 para acordar la libertad de los imputados, "en el momento actual, y a la vista de las circunstancias y hechos indiciariamente acreditados, la prisión de aquellos era la opción más adecuada, al menos mientras se practiquen en forma urgente las diligencias que, necesariamente deben llevarse a cabo para garantizar una correcta instrucción de la causa".
ASESINADO ANTE SU HIJO
Giménez Abad fue asesinado el 6 de mayo de 2001 cuando, acompañado de su hijo, se dirigía al estadio de la Romareda de Zaragoza para ver un partido de fútbol. Al llegar a la altura de la calle Princesa, el senador fue tiroteado por un desconocido. El 3 de octubre de ese año se declaró concluso el sumario sin procesar a persona alguna, decretándose el sobreseimiento provisional de la causa días después por auto de la Sala de lo Penal.
Además de ordenar la prisión provisional de los tres etarras, Garzón también ordenaba la práctica de algunas diligencias para esclarecer los hechos, como la citación como testigo del hijo del senador asesinado, Borja Giménez, del inspector jefe del Grupo de Ciberterrorismo de la Policía, o la remisión de una comisión rogatoria a Francia para interrogar como imputada en el crimen a la etarra Nerea Garaizar, en prisión en Fresnes.
En su auto de archivo, Pedraz sostenía que las pruebas existentes no demostraban que los acusados habían facilitado información concreta sobre el senador del PP para que ETA atentase contra él, ya que ni siquiera identificaban a Giménez Abad por su nombre. Por el contrario, Garzón afirmaba que sí existían indicios suficientes de la participación de los imputados, a pesar de que no apareciese el nombre del parlamentario, ya que en reiteradas ocasiones ETA omite estas circunstancias en sus informaciones.
Asimismo, Pedraz afirmaba que los etarras ya habían sido condenados en junio de 2001 por facilitar información a ETA sobre posibles atentados. También aseguraba el magistrado que el senador había sido asesinado "muchos meses después" de la detención de Pla y Lorente, por lo que consideraba que esa información "anticuada" no podía haber sido la "base directa para el atentado". Por el contrario, Garzón sostenía que los 10 meses transcurridos entre el traslado de la información y el asesinato del parlamentario del PP no permitía calificar los datos de "anticuados o insuficientes, sino todo lo contrario".
