El líder del PCE (r) niega ser "un terrorista", tilda de "fascista" la Ley de Partidos y abandona la sala cantando la Internacional
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos ha elevado a definitiva su petición de 17 años de cárcel para el secretario general del Partido Comunista de España Reconstituido --PCE (r)--, Manuel Pérez Martínez, alias 'camarada Arenas', y los miembros de los GRAPO María Victoria Gómez y Fernando Silva Sande por atentar contra una empresa de trabajo temporal en Madrid en enero de 1998. Para este último, arrepentido de su militancia en la organización, ha solicitado "atenuar la pena" al haber "admitido su responsabilidad en los hechos".
En la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el representante del Ministerio Público ha considerado acreditado que el atentado, que destrozó la sucursal de la empresa People de la avenida de América, fue cometido por los GRAPO, que reivindicaron la acción a través de un comunicado en el que aparecieron las huellas de Pérez Martínez. Además, ha añadido que los tres acusados "dirigían la organización en aquellos momentos".
Según ha expuesto a partir de los informes periciales de la Guardia Civil y el testimonio del propio Silva Sande, el 'camarada Arenas' "no era ajeno ni estaba desconectado" de los GRAPO, como defendió en su declaración, sino que "presidía todas sus reuniones, tomaba las decisiones y era el último responsable de cada acto que se cometía".
La defensa del 'camarada Arenas' y de María Victoria Gómez, por su parte, ha pedido la libre absolución de sus clientes argumentando que los responsables del atentado fueron los miembros del 'comando' que lo cometieron. "Si un soldado español comete un delito en Afganistán, ¿el responsable es el ministro de Defensa o el general del Estado Mayor o el teniente coronel que está a cargo de las tropas?", se ha preguntado.
CÁNTICO DE LA INTERNACIONAL
En su turno de última palabra, el 'camarada Arenas' ha dicho que él no es "un terrorista" sino "un militante comunista" y que su partido fue "ilegalizado" por la Ley de Partidos. "¡Una ley fascista me ha metido en la cárcel, yo no soy un terrorista!", ha gritado antes de que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ordenara que lo desalojaran de la Sala.
En ese momento, Pérez Martínez ha alzado el puño y ha comenzado a cantar las primeras estrofas de la Internacional Comunista, en la que le han acompañado María Victoria Gómez y algunos de los asistentes que seguían el juicio desde la sala de vistas. "¡Anda qué!", ha espetado la juez Murillo.
Durante la vista oral, el 'camarada Arenas', llamó a Silva Sande "impostor y violador" y señaló que, a causa de sus "fechorías", nunca se han "llevado bien". "Nos veíamos alguna vez, tomábamos una caña por compromiso, pero yo no quería saber nada de él. Además es que olía mal", espetó. El arrepentido le ha contestado este viernes que aunque le "insulte", no le va "a callar". Gómez, por su parte, le ha acusado de "mentir para conseguir beneficios penitenciarios".
Silva Sande, que tiene la condición de testigo protegido en otras causas como la que investiga el secuestro y desaparición del empresario Publio Cordón, indicó ante el tribunal que el 'camarada Arenas' decidía "qué se hacía, cómo y cuándo". "Él era el responsable máximo, la palabra final siempre le correspondía a él en una organización piramidal como la nuestra", aseguró.
Pérez Martínez, por su parte, alegó que su labor se limitaba a ejercer "la dirección política e ideológica del movimiento de resistencia popular", en el que se incluían "organizaciones políticas, sociales, culturales y sindicales", entre ellas los GRAPO. Además, era el responsable del archivo del movimiento, lo que explicaría, según ha defendido, que tuviera en su poder un manual de explosivos de la organización terrorista.
El fiscal imputa a los tres acusados un delito de estragos terroristas. La bomba fue colocada en los servicios del restaurante Tamara, colindante con la empresa temporal. Estaba confeccionado con un kilo de explosivo que hizo explosión a las 5.15 horas del 29 de enero de 1998, causando un cráter de 35 centímetros de diámetro y daños por valor de 191.772,82 euros, según la estimación recogida en el escrito de acusación de la Fiscalía.
También ha solicitado que los acusados indemnicen a la ETT con 105.752,66 euros, al restaurante afectado con 85.261,83 euros y a las comunidades de propietarios de la avenida de América que resultaron dañados por la explosión.
