Se le acusa también de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionario público, cohecho y blanqueo de capitales
La Fiscalía pide penas de 4 años de prisión, 13 años de inhabilitación para cargo público y una multa de unos 400.000 euros
También se juzgará a los empresarios Carmelo Aured y Juan Carlos Esteban y se citará a declarar a más de 90 testigos
ZARAGOZA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juicio oral contra el exconsejero municipal de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza (mayo 2007-abril 2009), Antonio Becerril, acusado de los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario público, cohecho y blanqueo de capitales, comenzará este lunes, 17 de marzo, en la Audiencia Provincial con jurado popular.
Becerril será el primero en comparecer e irá seguido, el martes, 18 de marzo, por el interrogatorio a los empresarios imputados, Carmelo Aured y Juan Carlos Esteban, según ha acordado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Desde el 19 de marzo hasta el día 27 de este mes se llamará a declarar a los más de 90 testigos citados, en su mayoría vecinos de Garrapinillos, barrio rural de Zaragoza y donde Becerril tiene su residencia, a quienes supuestamente les pagaba las cuotas de afiliación al PSOE.
Este juicio se celebra cinco años después de que unas escuchas telefónicas sobre la Operación Molinos revelaran que Becerril podría haber utilizado su cargo para beneficiar a algún constructor. El contenido de las grabaciones se reproducirá en el juicio para que el jurado popular las pueda valorar.
Estas escuchas se captaron al quedar intervenido el teléfono de Carmelo Aured por orden del juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) en el transcurso de la Operación Molinos sobre tráfico de influencias y corrupción, que ha supuesto que la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, ingresara varios meses en prisión.
Tras conocerse el contenido de las conversaciones telefónicas, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, cesó a Becerril de su cargo de consejero municipal de Infraestructuras y también fue expulsado del PSOE, pero mantuvo su acta de concejal hasta el final de la legislatura, en junio de 2011.
El Ministerio Fiscal pide para Antonio Becerril una pena de 4 años de prisión, 13 años de inhabilitación para cargo público y una multa de unos 400.000 euros, mientras que su defensa pide la absolución.
USO IMPROPIO
El fiscal argumenta que en las conversaciones quedó reflejado que Becerril "suministró información sobre obras dependientes" de su departamento y de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda que presidía entonces, "haciendo un uso impropio y abusivo de las atribuciones públicas que ostentaba" y añade que "en el momento que la facilitó no era una información accesible" y "propició que --Aured- conociera antes que nadie la decisión que se proponía adoptar" el Ayuntamiento.
Esta información atañe a la contratación para la construcción de 96 viviendas, 147 garajes, locales y trasteros en el barrio de Torrero de la capital aragonesa, promovida por la sociedad Zaragoza-Vivienda y "antes de que se aprobaran las condiciones, intermediando Aured a favor de las empresas Arascón y EIS Aragón".
Asimismo, Becerril "dio información personalizada a Aured" sobre cinco obras publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del 16 de julio de 2008, según indica el escrito del fiscal, que agrega que "Becerril se comprometió con Aured a que alguna de estas obras se adjudicara a Arascón", que se presentó a las cinco obras, pero no se le adjudicó ninguna.
Añade el fiscal que Becerril "remitió por fax el 20 de enero de 2009" a Aured las condiciones para la contratación de la ejecución de las obras del Fondo Estatal de Inversión Local de 2009 y "antes de que el Gobierno de Zaragoza aprobara definitivamente las condiciones de contratación, el 23 de enero de ese año".
Asimismo, el empresario Juan Carlos Esteban "consiguió a través de Aured que Becerril intermediara para que se adjudicara" a su empresa Áridos y Hormigones Pedrola el suministro de hormigón para la urbanización de emisarios de Valdespartera-Arcosur, ejecutado por Acciona Infraestructuras.
Por otro lado, el fiscal sostiene que "Becerril, para que el representante legal de Acciona contratara el suministro de hormigón a Áridos y Hormigones Pedrola, se comprometió a adjudicar a la constructora Mariano López Navarro otras dos obras de su área, dado que esta empresa también estaba interesada" en la adjudicación del hormigón para la urbanización de Arcosur.
El escrito del fiscal detalla que Becerril ha tenido ingresos por importe de 20.370 euros entre 2008-2010 provenientes de esta labor de intermediación, "incompatible con su cargo de concejal y con el interés público al que representa".
Además, Becerril "ha venido pagando a través de 20 cuentas corrientes, en las que es titular único, las afiliaciones al PSOE de la agrupación de Garrapinillos de personas que decían estar afiliadas y que no consintieron su afiliación, ni entregaron cantidad alguna a Becerril para hacer efectivos los pagos o alguna, que estando afiliada, no abonaba nada". En esas 20 cuentas ingresó 16.110 euros entre 2008 y 2010.
LOS EMPRESARIOS
El Ministerio Fiscal pide para Carmelo Aured la pena de dos años de prisión por el delito de tráfico de influencias y una multa de 300.000 euros y para el empresario Juan Carlos Esteban solicita 18 meses de prisión y una multa de 300.000 euros por el delito de tráfico de influencias. Además, a los tres les solicita la imposición del pago de las costas procesales, en la proporción que corresponda a cada uno.
La defensa de Aured pide su absolución y sostiene que su cliente "no ha recibido de Becerril ningún tipo de información sobre obras del Ayuntamiento aparte de lo que puedan ser conversaciones informales derivadas de las relación personal que mantienen desde hace más de 30 años".
Asimismo, la defensa ha alegado que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha formulado acusación "ni ha alegado haber sufrido algún perjuicio económico, lo que demuestra que no los ha considerado ilícitos en ningún momento".
También la defensa del empresario Juan Carlos Esteban pide la absolución al alegar que el ser amigo personal de Carmelo Aured "no se apoya sobre prueba alguna" y sostiene que entre ambos "no ha habido relación personal de ninguna clase".
