El jurado declara culpable a Becerril de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas

Becerril en el juicio con jurado popular
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 1 abril 2014 20:58

También considera culpable a Carmelo Aured del delito de tráfico de influencias

ZARAGOZA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tribunal popular ha declarado al exconsejero municipal de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza (2007-abril de 2009), Antonio Becerril, culpable de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

Por el contrario, el jurado que ha seguido la vista oral en la Audiencia Provincial de Zaragoza, que comenzó el pasado 17 de marzo, y que ha dictado ya su veredicto, le ha declarado no culpable de cohecho y blanqueo de capitales, delitos por los que también había sido acusado.

Además, el veredicto emitido a las 19.40 horas de este martes, ha declarado al empresario y amigo de Becerril, Carmelo Aured, culpable del delito de tráfico de influencias.

Tras leer el veredicto, una portavoz del jurado popular formado por cinco hombre y cuatro mujeres, el presidente del tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, ha solicitado al Ministerio Fiscal que expusiera sus conclusiones.

Así, la fiscal en su informe final ha dicho que reclamaba un año de prisión para Antonio Becerril por el delito de tráfico de influencias, además de cuatro años de inhabilitación, mientras que por el delito de negociaciones prohibidas pide tres años de inhabilitación y una multa de 50 euros al día durante doce meses.

Para Carmelo Aured, la fiscal mantiene la petición de un año de prisión por el delito de tráfico de influencias y una multa de mil euros.

RECURSO

La abogada del exconcejal, Cristina Ruiz Galve, ha solicitado la pena mínima que recoge el Código Penal de 2010, por el que ha sido juzgado, es decir, 6 meses de cárcel por tráfico de influencias, junto a tres años de inhabilitación por este delito, y una multa de 10 euros por día durante seis meses por el delito de negociaciones prohibidas, además de la mínima de inhabilitación para empleo y cargo público.

En declaraciones a los medios de comunicación Ruiz Galve ha reconocido que "esperaba que fuera absuelto" y ha avanzado que una vez que el presidente del tribunal emita sentencia y sea firme la recurrirán "evidentemente", ha apostillado para decir que, sobre la petición de inhabilitación "dada la profesión de mi cliente no me preocupa".

El abogado de Carmelo Aured, César Ciriano, también en declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado que "no esperábamos este resultado, sino la absolución" por parte del jurado popular.

No obstante, ha justificado que frente a la petición del Ministerio Fiscal, como abogado ha solicitado la "pena mínima en este tipo de delitos" para apuntar que también recurrirá la sentencia que dicte el juez.

Este juicio se ha celebrado cinco años después de que unas escuchas telefónicas sobre la 'Operación Molinos' revelaran que Becerril podría haber utilizado su cargo para beneficiar a algún constructor. El contenido de las grabaciones se ha reproducido en la vista oral para que el jurado popular las pueda valorar.

Estas escuchas se captaron al ser intervenido el teléfono de Carmelo Aured por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) en el transcurso de la 'Operación Molinos' que destapó una presunta trama de corrupción urbanística, y, que ha supuesto que la exalcaldesa de la localidad La Muela, María Victoria Pinilla, estuviera varios meses en prisión, y en la que también se encuentran imputados 43 personas, entre ellas el propio Carmelo Aured, que además cumple condena de cárcel por un delito fiscal.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, cesó a Becerril, el 22 de abril de 2009, y también fue expulsado del PSOE, pero mantuvo su acta de concejal hasta el final de la legislatura, en junio de 2011.

En el banquillo de los acusados se ha sentado también el apoderado de la empresa Áridos y Hormigones Pedrola, Juan Carlos Esteban, aunque la fiscal retiró la acusación contra él. En principio, pedía 18 meses de cárcel por tráfico de influencias y una multa de 300.000 euros.