ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abogado por la supervisión de libros de texto y materiales curriculares utilizados en centros educativos de la Comunidad autónoma por parte del Servicio de Inspección y que, en caso de detectar fallos y errores históricos, la Administración educativa haga pública una declaración de falta de idoneidad para evitar su uso.
Así lo ha señalado tras recibir una queja en la que se indica que en un libro de un colegio de Zaragoza de Lengua Castellana y Literatura 3, de la Editorial Casals, se afirma que "en 1469 contrajeron matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón" y "de esta forma, el reino de Castilla se unió con la corona catalano-aragonesa". Asimismo, manifiesta, respecto al fin de la Reconquista, que "en 1492 tropas castellanas y catalano aragonesas conquistaron el reino moro de Granada".
Tras solicitar información al Departamento de Educación sobre esta cuestión, este le ha remitido un informe en el que se reflejan diversas propuestas del Servicio de Inspección, como instar a la editorial Casals a subsanar la deficiencia detectada y a que el denunciante de esta situación use el procedimiento establecido en el colegio para formular reclamaciones ante el equipo directivo o ante la profesora de la materia de Lengua Castellana y Literatura de tercero de Secundaria.
Al respecto, el Justicia ha valorado "muy positivamente" todas las gestiones efectuadas por el Servicio de Inspección "a fin de paliar los efectos que hubiera podido ocasionar en la formación académica de los alumnos el error detectado en el libro de texto".
Asimismo, "tenemos conocimiento de la intención de la editorial aludida en este expediente de rectificar en la próxima edición del libro cuestionado, sustituyendo la expresión errónea, 'corona catalano-aragonesa', por la históricamente correcta 'Corona de Aragón'". De esta forma, "se da cumplimiento a la recomendación del Servicio de Inspección relativa a subsanar la deficiencia detectada".
Sobre la recomendación de acudir al procedimiento establecido en el colegio para formular reclamaciones ante el equipo directivo o la profesora de la materia, "estimamos que la cuestión suscitada trasciende el ámbito interno del citado centro y que se trata de un problema que puede afectar a otros alumnos de centros de nuestra Comunidad", ha apuntado García Vicente.
Por eso, "compartimos la necesidad de que se analizara la situación a nivel autonómico, habida cuenta de que no es la primera vez que se somete a nuestra consideración un error de estas características, y no solamente en libros de texto educativos, sino también en otros ámbitos".
OTRAS CONSIDERACIONES
El Justicia también ha estimado que el Gobierno aragonés, en uso de las competencias de iniciativa legislativa que tiene atribuidas, debería establecer una normativa específica propia que desarrolle lo establecido en la disposición adicional cuarta de la actualmente vigente Ley Orgánica Educativa.
En ella, se indica que la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje.
"Pese a la asignación de esta función inspectora, transcurridos casi ocho años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación, se advierte que en nuestra Comunidad no se ha regulado un sistema para efectuar esa labor de supervisión de libros de texto y materiales curriculares", ha apuntado el Justicia.
Por otra parte, también ha argumentado que en caso de que la editorial no subsanara las deficiencias detectadas en un libro de texto o material curricular, el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, "atendiendo a la gravedad del incumplimiento, podrá declarar la falta de idoneidad del correspondiente libro de texto o material curricular para el uso en los centros educativos de su ámbito de gestión", haciéndolo público para que llegue a conocimiento de todos los centros.
En este punto, esta institución ha aclarado que el Gobierno de Aragón no tiene competencia para ordenar una retirada inmediata o directa de libros de texto o material didáctico.
Por otra parte, "respetando en todo caso la autonomía que corresponde a los centros y, dentro de ellos, a los órganos de coordinación didáctica, para adoptar los libros de texto y demás material curricular que estimen precisos, es preciso establecer un régimen de supervisión a cargo del Servicio de Inspección" de los mismos, ha apostillado García Vicente.
