ZARAGOZA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha admitido a trámite una queja por la falta de memoria económica del proyecto de ley de Función Pública de la Comunidad autónoma, recientemente aprobado por el Ejecutivo autonómico, "carencia que se ponía de manifiesto en el dictamen emitido por el Consejo Consultivo".
Así lo ha explicado la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que ha presentado la queja. Este colectivo ha señalado en una nota de prensa que una norma como esta futura ley, en la que se establece un nuevo modelo retributivo para los empleados públicos y se prevé el desarrollo de una carrera profesional de carácter horizontal "requiere un detallado estudio sobre sus costes y sus criterios de financiación".
En su opinión, "no cabe alegar que no resulta posible una cuantificación de sus consecuencias económicas, ni cabe resolver la cuestión con una serie de consideraciones genéricas, pues la consistencia de un modelo de función pública se asienta sobre todo en su racionalidad económica y su viabilidad presupuestaria".
Este colectivo ha agregado que su objeción al apartado económico del proyecto de ley de Función Pública "no se limita al incumplimiento de las obligaciones formales de la tramitación, como puedan ser la elaboración de la preceptiva memoria económica o la emisión del informe del Departamento de Hacienda y Administración Pública que exige la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma".
Se refiere, "sobre todo, a la debilidad e inconsistencia que comporta un modelo de función pública que carece de un estudio detallado y realista de su impacto presupuestario a medio y largo plazo, cuando las previsiones de carrera profesional comiencen a tener su verdadero desarrollo, imponiendo un compromiso de créditos presupuestarios cuya cuantía carecía de la debida previsión".
REDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES
La asociación ha argumentado que "no hay que remontarse muy lejos para observar que algunas de las previsiones de naturaleza retributiva contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, como la relativa a las pagas extraordinarias, no solo no han podido tener desarrollo efectivo, tras siete años de vigencia, sino que decisiones de naturaleza extraordinaria llevaron a la supresión de la paga extraordinaria de la Navidad en 2012, así como a una reducción general de la cuantía de las retribuciones de todo el personal de las Administraciones públicas".
En ese escenario, "promover una norma de función pública de Aragón sin un serio estudio de su apartado económico obliga a dudar de la consistencia y viabilidad del conjunto de sus previsiones".
La asociación ha manifestado que "la sostenibilidad presupuestaria de la función pública se corresponde con la garantía de los servicios públicos, razón por la cual no es posible minimizar esta cuestión, como parece pretender el Gobierno de Aragón al remitir a las Cortes de Aragón un proyecto de ley que afecta a uno de los principales capítulos de gasto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y hacerlo precisamente incumpliendo las exigencias de control de viabilidad económica que impone la propia Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma".
En este punto, este colectivo ha deseado que el Justicia, "pero sobre todo los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, impongan al Gobierno el sentido de responsabilidad que cabe exigir en este tema".
