ZARAGOZA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha reiterado al Ayuntamiento de Illueca (Zaragoza) que inspeccione un local cuya escritura de adquisición lo destina a uso comercial, pero que se utiliza para una industria de troquelado de calzado, con las consiguientes molestias "por ruidos, vibraciones y desperfectos" en el piso superior.
El Justicia ha recordado que en mayo de 2009 tuvo entrada una queja en su Institución que daba continuidad a otra de 2004. Por esta última, sugirió al Ayuntamiento de Illueca que ordenase la inspección de dicho taller "para conocer el alcance de los problemas denunciados y estableciese las medidas correctoras para eliminar las molestias".
Sin embargo, ha relatado el Justicia, la sugerencia "no fue contestada" por el Ayuntamiento, "que tampoco intervino para dar solución a un problema que menoscaba gravemente la calidad de vida de los vecinos del inmueble, pues, a pesar del tiempo transcurrido, la actividad se mantiene en los mismos términos, sin que se haya impuesto ninguna medida correctora".
Concretamente, el Justicia ha precisado que, "según quedó acreditado", el citado local se utiliza para una industria de troquelado de calzado, con un horario de 8.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 21.00 horas, "con las consiguientes molestias por ruidos, vibraciones y desperfectos en el piso superior a causa de las vibraciones transmitidas desde el taller".
El Justicia ha explicado en su informe que la "falta de actuación" del Ayuntamiento para resolver este problema "exige recordarle" su obligación de ejercer las propias competencias o, si se considera incapaz de hacerlo, "de utilizar las fórmulas que la Ley establece para que la aplicación de las normas sea eficaz y los derechos de los ciudadanos no queden en papel mojado".
Al respecto, en su sugerencia le indica al consistorio que, en caso de que no vaya a ejercer por si mismo esta competencia municipal, "solicite la dispensa en los términos legalmente establecidos para que se dé cumplimiento a la normativa reguladora del ejercicio de actividades clasificadas".
Finalmente, le recuerda sus deberes legales y la obligación de auxiliar a la Institución del Justicia en sus investigaciones, después de que haya requerido información del Ayuntamiento en cuatro ocasiones sobre este asunto --tres en 2009 y una en 2010-- "sin que haya sido atendida".
