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ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha tramitado en 2013 un total de 2.560 quejas, 10 por ciento más que el año anterior, siendo las principales las relativas a la asistencia social, ámbito en el que se han formulado 520 quejas, y, especialmente, las referidas al retraso en el pago del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que ha pasado de 20 en 2012 a las 300 el año pasado.
García Vicente ha entregado el informe de actividad de la Institución de 2013 al presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel. En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que han presentado 440 sugerencias o recomendaciones, entre un 10 y 11 por ciento más, y ha contribuido a resolver los problemas de los ciudadanos en 1.720 casos, habiendo detrás de alguna de estas cuestiones hasta 900 personas y resolviendo "los problemas de unas 5.000 personas directamente".
Sobre el contenido de las quejas, ha manifestado que después de asuntos sociales, las más numerosas han sido en Fundación Pública "porque la gente busca un puesto de trabajo" y lo referente al empleo en general.
Según ha precisado, ha habido ciudadanos que han expresado su rechazo a "cómo se produce la contratación" por parte de los ayuntamientos dentro de los planes provinciales para fomentar el empleo y también ha habido quejas por el retraso en el pago de las prestaciones por desempleo.
García Vicente ha comentado que han disminuido los expedientes en materia de vivienda, ámbito que antes se centraba en el acceso a la vivienda protegida y ahora en las ayudas. También hay menos quejas en industria y obras públicas y se han mantenido en educación y medio ambiente.
En Sanidad, "han aumentado, pero un dos o tres por ciento", centradas en las listas de espera y en la jubilación anticipada de médicos y personal sanitario.
LOS AYUNTAMIENTOS, LOS QUE MENOS CASO HACEN
García Vicente ha comentado que son los ayuntamientos las instituciones que menos atienden a sus sugerencias y "cuanto más pequeño, menos", algunos "porque no saben qué decir y otros porque hacen de esto una cuestión personal", cuando el Justicia "está para ayudar a todo el mundo, también a los ayuntamientos".
En total, el rechazo de las sugerencias y recomendaciones está entre el 20 y 22 por ciento, si bien depende de las materias, situándose en función pública y en el IAI por encima del promedio, mientras que algunas quejas están pendientes de respuesta dentro de plazo. Sin embargo, el Departamento de Educación "nos contesta siempre y ha aceptado el 75 por ciento" de sus indicaciones, ha subrayado.
García Vicente ha defendido la utilidad de esta institución y ha considerado que no va a desaparecer puesto que "está en el Estatuto de Autonomía" de Aragón y es "querida y respetada por los aragoneses, con independencia de quien esté al frente, no solo por una tradición histórica, sino porque consideran que es actual, cumple una función social y representa una serie de valores que los aragoneses estimamos de manera importante", como son que "el poder tiene que tener limitaciones" y el respeto a la libertad y los derechos de los ciudadanos.
"No se puede hacer todo y tiene que haber una institución de mediación" como la del Justicia, que "trata de buscar solución a los problemas al margen de la vía judicial" y a través de la "concordia".
Por eso, si bien "algunos pretenderían que el Justicia gritara más y se pusiera más fuerte, eso se hace en otros ámbitos, quizá en el parlamentario y de la política, pero nosotros somos mediadores, tenemos que acercar posiciones" y un "requisito imprescindible" es "no reñir desde el primer día con una de las partes porque, entonces, no hay mediación posible".
Por otra parte, ha comentado que su presupuesto, de dos millones de euros, "ha bajado estos tres últimos años un 12 por ciento" y "en años de bonanza hemos ahorrado entre un ocho y diez por ciento" por lo que "en dos años y medio se ha podido mantener sin necesidad de que le mandaran fondos por parte del presupuesto de la Comunidad autónoma".
