ZARAGOZA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza no ha admitido la media cautelarísima de paralizar las obras de elevación de la calzada en la calle Don Jaime I, solicitada por la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón, con el apoyo de comerciantes y algunas asociaciones vecinales.
La Asociación Reyes de Aragón solicitó la medida cautelarísima de
suspensión de ejecución de las obras, al considerar, que como han
comenzado este lunes, 22 de octubre de 2018, no están avanzadas y por
tanto no se perjudica el interés público, siendo preferible que se
paralice en este momento inicial.
En el recurso, se argumenta que hay "manifiestos incumplimientos legales" perpetrados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre ellos, la "vulneración" de la Ley de Contratos del Sector Público por no haber existido ni concurrencia, ni adjudicación, ni transparencia, así como la "inexistencia" de un proyecto completo de la obra por tener un precio de más de 300.000 euros.
El auto judicial de la magistrada-juez María José Cía Benítez detalla que no se admite la medida cautelarísima solicitada porque "no se pone de manifiesto el concreto perjuicio que sufre la recurrente --los afectados-- por la realización de las obras".
No obstante, la juez accede a la medida cautelar para escuchar a la parte demandada, el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las múltiples
acusaciones de delitos que argumentan los afectados de elevación de la calzada en la calle Don Jaime de Zaragoza.
INCUMPLIMIENTOS
Entre los "incumplimientos" legales por parte del Ayuntamiento, los recurrentes sostiene que no existe un proyecto de obra completo
que abarque toda la calle, dado que los proyectos de obras que superen los 300.506,05 euros, y sucede en las obras de Don Jaime, hubiera permitido a la Asociación --y al resto de interesados y afectados-- presentar las alegaciones convenientes.
El recurso contencioso administrativo argumenta también que el consistorio "incumple" la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que impone al Ayuntamiento de Zaragoza la obligación de licitar dicho proyecto de obras una vez aprobado, puesto que "no ha existido ni publicidad, ni concurrencia, ni transparencia de la licitación, ni adjudicación, ni procedimiento alguno, ni formalización de los contratos".
Con este auto judicial, el gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) deberá alegar todo lo que considere respecto a la medida cautelar de las obras de Don Jaime I para lo que dispone de un plazo máximo de dos días hábiles.
