La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción de Zaragoza podrá estar operativa en tres meses

Fernando Rivarés y Pablo Híjar, del gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza
MIGUEL G. GARCÍA
Actualizado: viernes, 27 abril 2018 12:39

ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESSS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el reglamento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, que tras los pertinentes trámites administrativos podría estar en funcionamiento dentro de unos tres meses.

En 15 días, comenzará el plazo para presentar votos particulares, luego se remitirá a la comisión plenaria de Economía y Cultura y se iniciará el periodo de enmiendas y luego pasará a información pública y se podría aprobar en dos o tres meses.

"Se intentará que todo el proceso sea aprobado por unanimidad o al menos por la más amplia mayoría", ha subrayado el portavoz del Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Fernando Rivarés.

En rueda de prensa, Rivarés ha contado que la Oficina tiene como objetivo contribuir, sin competir otros órganos del Estado, al control y prevención del fraude y la corrupción en el ámbito municipal.

Asimismo, quiere colaborar a que la población recupere la confianza en las instituciones que perdió en su día. Será independiente del Gobierno, tendrá autonomía funcional, dependerá del pleno y tendrá otra función que es "alertar e investigar el uso ilícito de fondos públicos e investigar el aprovechamiento privado de información", ha detallado.

FOMENTAR LA ÉTICA

La oficina también tiene función preventiva y de fomentar la ética pública, la transparencia e integridad y gestionar el registro de declaraciones patrimoniales y de actividades pudiendo investigar cargos públicos y su ámbito familiar, además se creará un nuevo registro de lobbies y de lobistas.

Tendrá un director, propuesto por Alcaldía y que tiene que ser elegido por tres quintas partes del pleno o superar la mayoría simple y también tendrá un consejo asesor con un máximo de cinco vocales designados por los tres quintos del Consejo de la Ciudad.

Cualquier persona podrá comunicar presuntas prácticas fraudulentas y prácticas ilegales y de corrupción y "se preservará en principio, la confidencialidad del denunciante".

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