ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha asegurado esta tarde que los recursos que los ciudadanos han presentado al pago del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) se rechazarán porque "no existe fundamento jurídico que lo sostenga".
Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una asamblea abierta organizada por el PSOE en Zaragoza sobre el ICA, en la que también han intervenido el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, y la directora general del Agua, Inés Torralba.
Con este encuentro, Olona ha deseado clarificar una situación "que ha llegado demasiado lejos en términos de confusión" y ha recalcado que pagar el ICA "no implica en absoluto que los zaragozanos paguen lo de los demás aragoneses, implica que paguen como los demás aragoneses" o incluso "menos", dado que los recibos de 2016 que se están emitiendo cuentan con una "elevada bonificación del 70 por ciento".
Ha insistido también en que el ICA es un impuesto "ambiental", cuya recaudación se destina "íntegramente" al ciclo urbano del agua y es "solidario", porque permite ejecutar las obras vinculadas al ciclo del agua "en todo Aragón, particularmente en las zonas más despobladas".
Además, el impuesto lo crearon "otros gobiernos anteriores atendiendo a las exigencias comunitarias de las directivas europeas y al Plan de Saneamiento y Depuración nacional de 2005" y el actual Ejecutivo aragonés "tiene el propósito desde el inicio de la legislatura de perfeccionarlo" y de hacerlo "más justo y más útil".
Por ello, fruto del acuerdo entre PSOE y Podemos que llevó a la tramitación del presupuesto, se ha puesto en marcha una mesa técnica para propiciar el diálogo "social y político", con el propósito de "perfeccionar el impuesto, que es ecológico, cuya finalidad es el ciclo del agua y que es una herramienta clave para la sostenibilidad", ha reiterado.
PERFECCIONARLO
Tras celebrarse una primera reunión, se ha enviado un cuestionario para que los agentes que participan en esa mesa de diálogo hagan sus aportaciones y "entre todos logremos mejorar y perfeccionar este impuesto en favor de los aragoneses; no hay ningún otro propósito del Gobierno y hay que insistir en nuestra disposición a dialogar con todos los agentes sociales y políticos", ha manifestado el consejero, indicando que el próximo encuentro se convocará el 8 de febrero.
Sin embargo, ha realizado un "llamamiento a la responsabilidad" a quienes piden que se derogue este impuesto, al recordar que el ICA está regulado "por una Ley aprobada por las Cortes de Aragón en 2014" y el Gobierno autonómico "no puede suspender la aplicación de un impuesto, es una obligación tributaria, una herramienta fiscal y no es razonable pedir al Gobierno que haga algo que no pueda hacer, que es suspender la aplicación de un impuesto". Ha expresado su confianza en que se impondrá el diálogo y se abandonarán planteamientos "que se saben que son imposibles".
Respecto a los ciudadanos que han decidido no pagar el ICA o recurrirlo, ha comentado que "es más justo reconocer que más de las dos terceras partes de los zaragozanos han cumplido con su obligación y estamos dentro de parámetros absolutamente normales" en cuanto al cumplimiento por parte de los zaragozanos de sus obligaciones tributarias.
En este punto, ha avanzado que los recursos que se han presentado "van a ser rechazados, no existe fundamento jurídico que lo sostenga" y ha dicho al consistorio de la capital aragonesa que si no facilita los datos que se le piden "seguiremos el procedimiento establecido ante lo que constituye una infracción tributaria".
NO SUPONDRÁ DIFICULTADES CON PODEMOS
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, ha estimado que las discrepancias con Podemos respecto a la aplicación del ICA no supondrán dificultades para la tramitación del presupuesto de la Comunidad, que ha sido "pactado y abordado con las prioridades de la izquierda" y que en los últimos tres años han permitido cambiar "con políticas públicas de bienestar" la realidad de todos los aragoneses, ha defendido.
Ha recordado, asimismo, que los municipios aragoneses abonan este impuesto desde el año 2002 y fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón en 2012, cuando gobernaban Partido Popular y Partido Aragonés, se estableció que la "fecha de giro del primer recibo fuera el 1 de enero de 2016".
En su opinión, en este debate "estamos viendo demasiados conceptos de política, legislación, confundiendo tasas con tributos y, por eso es tan importante esta asamblea abierta en la que vamos a intentar desde los argumentos y la transparencia poner luz a este debate".
