ZARAGOZA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha trasladado al Gobierno de España la posición de Aragón sobre la aplicación de la PAC post 2020. Olona ha asistido de forma telemática al Consejo Consultivo de Política Agrícola, que ha presidido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El Consejo ha servido para abordar el paquete que configura la regulación de la nueva PAC y define la reforma --Reglamento de los Planes Estratégicos, Reglamento sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC y Reglamento de organización común de mercados--.
En esta fase determinante para la configuración definitiva del Plan Estratégico Nacional, el consejero ha querido dar a conocer el nuevo documento que recoge la posición de Aragón sobre la aplicación de la PAC post 2020, que es una adenda al Acuerdo de reforma de la PAC de Aragón, firmado en mayo de 2018 por el Gobierno de Aragón con PSOE, CHA, Podemos, Cs, IU, UAGA-COAG y UPA.
El documento defiende la necesidad de afrontar desde la PAC la enorme brecha de renta que sufren las personas que viven de la agricultura y la ganadería del resto de sectores, por lo que sus firmantes piden que la ayuda se concentre en el modelo familiar de agricultura profesional.
Los representantes aragoneses apuestan por "aumentar el apoyo a jóvenes y mujeres y eliminar "los agravios, tanto territoriales como individuales, del modelo vigente de ayuda", que "hace absolutamente imprescindible la completa y definitiva supresión de los derechos individuales, así como las referencias históricas que regulan la aplicación vigente de las ayudas directas".
EN 2023
Tanto para el consejero como para las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias representadas, esta supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas debe tener lugar en el año 2023, sin aplicación de periodos transitorios ni de procesos de convergencia, "al objeto de eliminar de forma inmediata y definitiva los agravios territoriales e individuales que se han generado".
Han considerado prioritario que la nueva denominación de 'agricultor genuino' reconozca a esta figura como "único y exclusivo posible perceptor de los pagos directos, siendo deseable que se le exija unos ingresos agrarios que representasen al menos 50% de los ingresos totales, exigiéndose además, unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos --producción estándar--".
Asimismo, la propuesta define como 'agricultor genuino plus' a quien acredite unos ingresos agrarios que supongan al menos el 50% de los ingresos totales conforme a la declaración del IRPF, así como el alta en el régimen de la Seguridad Social Agraria que corresponda. "Deberán cumplir con esta exigencia los agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas del segundo pilar, así como de ayudas complementarias y asociadas del primer pilar", detalla el escrito.
El acuerdo establece que la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluyendo la Ayuda redistributiva complementaria a la renta y la Ayuda complementaria a la renta para jóvenes, "deberá concentrar un importe superior al 60% del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC".
"Debe reducirse drásticamente el número de regiones productivas actualmente existentes en España, limitándolas a un máximo de cinco o seis, una por orientación productiva, así como las diferencias en los importes por hectárea actualmente aplicados", han apuntado.
El texto recoge la idea de que la Ayuda básica a la renta se aplique a todas las superficies cultivadas, así como a todos los pastos que soporten una mínima carga ganadera que permita llevar a cabo un pastoreo real y efectivo, debiendo limitarse, en cualquier caso, a un importe máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica beneficiaria, y aplicando un coeficiente de modulación por tramos a partir de 60.000 euros.
Además, "la Ayuda directa asociada deberá aproximarse al 15 % del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC, se aplicará exclusivamente a los agricultores genuinos y deberá concentrarse, al menos en Aragón, en la ganadería basada en el aprovechamiento directo de pastos y forrajes".
"El presupuesto destinado a los eco-esquemas, en equilibrio presupuestario con el apoyo directo a la renta del modelo familiar, deberá ser de, al menos, un 20% del importe total destinado al Primer Pilar de la PAC".
Asimismo, "el importe asignado a los eco-esquemas deberá incluir un complemento para las superficies ubicadas en Red Natura 2000, espacios protegidos y reservas hidrológicas, así como a áreas despobladas --densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado-- o de alta montaña, y para las superficies agrícolas inundables en relación con el eco-esquema de mantenimiento y protección de cobertura vegetal", dice el acuerdo.
