CADRETE (ZARAGOZA), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
"Un país como España no se puede permitir no defender lo que es la propiedad privada, lo que es un derecho fundamental. Un país libre y democrático tiene que defender la propiedad privada", ha afirmado el presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, este jueves durante una visita a Cadrete.
Acompañado por la alcaldesa de la localidad zaragozana, María Ángeles Campillos, Beamonte se ha acercado hasta dos de los edificios de viviendas que están parcialmente ocupados de manera ilegal en el municipio.
La visita del presidente de los populares aragoneses se produce como consecuencia del sustancial incremento de la usurpación de estos bienes privados en la provincia de Zaragoza, alrededor de 80 casos según los últimos datos publicados y bastante por encima de otras provincias limítrofes, lo que ha provocado inseguridad y malestar entre numerosos vecinos de los municipios afectados.
El líder autonómico del Partido Popular señaló que el fenómeno de la ocupación ilegal "deriva de una fragmentación social y de una crisis que evidentemente tiene que ser afrontada en las situaciones de vulnerabilidad por el conjunto de las Administraciones públicas a través de los mecanismos que existen".
En concreto, se refería a la ley aprobada por el Congreso de los Diputados en 2018 conocida como de 'desahucio exprés' que pese a agilizar los trámites administrativos y judiciales se ha mostrado, a su juicio, insuficiente en la defensa de los derechos de los propietarios.
Una norma que los populares han propuesto ya modificar para acortar los plazos y evitar la dilación excesiva que actualmente sufren los legítimos titulares de las viviendas, "una reducción de plazos que va en la acreditación en las doce primeras horas de lo que es el título de propiedad y posteriormente, en las 24 o 48 horas la ejecución de lo que es el desahucio, y esa situación simplemente tiene como garantía la defensa de lo que debe ser el ordenamiento jurídico".
Para Luis María Beamonte "tiene que haber una respuesta rápida" por parte de las Administraciones públicas y organismos con competencias para garantizar el derecho a la propiedad, de la misma manera que las consecuencias negativas del aumento de la fragmentación social debe obtener una réplica urgente por parte de los servicios sociales de ayuntamientos y "las comunidades autónomas que tienen mecanismos" para que las familias en riesgo de exclusión encuentren una alternativa a la ocupación.
