HUESCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo político del Partido Aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca, a través de su portavoz Gonzalo Lapetra, ha presentado una propuesta de resolución al Pleno de esta institución, en la que se "respalda la decisión política y las acciones legales y democráticas que han adoptado o puedan adoptar las instituciones aragonesas para oponerse a la inclusión en los estatutos de autonomía de otras comunidades de un supuesto derecho al trasvase de aguas de la cuenca del Ebro".
Asimismo, se propone que "en este sentido, específicamente la Diputación de Huesca apoya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el artículo 20 de La Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana". Finalmente, el PAR plantea que "la Diputación de Huesca, en su caso, ejercerá cuantas acciones se estimen oportunas y se determinen con el mismo fin, al tiempo que rechaza las acusaciones de que está siendo objeto la representación institucional de los aragoneses".
El texto repasa el contenido del nuevo Estatuto valenciano que expresamente, en uno de sus artículos, "reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias", que el PAR entiende que "se orienta con absoluta y reconocida seguridad prioritariamente hacia el Ebro, alimentado mayoritariamente por el caudal de los ríos que discurren por nuestra Comunidad" y por el Alto Aragón.
Para el PAR, se pretende "transformar en derecho de sus ciudadanos cuanto no puede ser más que una reivindicación" y el mismo "colisiona directamente con los derechos de los ciudadanos de otras comunidades al aprovechamiento actual y futuro --hasta el máximo social, legal y ambientalmente posible-- del agua de sus ríos".
Por ello, sin abundar en los argumentos aragoneses que han detenido "por tres veces", "otros tantos proyectos de trasvase del Ebro" y logrado que "se optara por unas alternativas que dieran cumplimiento al innegable derecho de los valencianos a un suministro de agua suficiente y de calidad", la propuesta se dirige a "impedir democráticamente que ese propósito quede consagrado para siempre y de esa forma, en la máxima Ley autonómica de otra comunidad --que es una ley Orgánica española--, de manera que se consolidara no sólo una amenaza para el futuro de Aragón, sino un permanente riesgo para la convivencia entre los pueblos de España", "o lo que es lo mismo, antes que alentar confrontaciones, evitarlas y prevenirlas".
De esta manera, la iniciativa suscrita por Lapetra, señala que "aparte de lo que sea dispuesto en adelante en el marco de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón", "se han puesto en marcha iniciativas desde las instituciones aragoneses con el fin de lograr la modificación o derogación del citado artículo, por el único medio al alcance que sería su declaración de inconstitucionalidad", ya que "no basta con la apelación a los derechos humanos, ni con la afirmación de que se atenderá a la Constitución para hacer constitucionalmente compatible un texto, para avalar un exceso de competencias hasta condicionar a otros territorios o al Estado o para legalizar un trasvase entre comunidades distintas".
"Esas iniciativas --añade-- serán presentadas como recursos ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Aragón, que ya lo ha anunciado y confirmado, y quizá por las Cortes de Aragón que en la fecha de celebrar la sesión plenaria de la Diputación de Huesca donde se debatirá la presente propuesta, celebra también Pleno para dilucidar esa posibilidad".
Según el PAR, "se trata en suma de una nueva e importante lucha contra el trasvase, que esta vez se proyecta hacia el futuro en el tiempo y se extiende a otras comunidades, ya que Murcia ha advertido de su intención de imitar a Valencia".
La propuesta recuerda que "esta Diputación ha constatado reiteradamente su rotunda determinación en este asunto, por cuanto los intereses de los ciudadanos altoaragoneses, el porvenir de esta sociedad, se ve en compromiso con el trasvase. Así mismo, la Corporación ha demostrado su capacidad de posicionamiento frente a las pretensiones que entiende perjudiciales, como quedó de manifiesto en el reciente acuerdo plenario sobre el Estatuto de Cataluña y el Archivo de la Corona de Aragón", que apoyó similares recursos.
En consecuencia, "por encima de otros aspectos legales, administrativos o partidarios, se impone un pronunciamiento político que es imprescindible. Esta necesidad se deriva nuevamente de la conveniencia de concitar todos los apoyos sociales y también políticos para reforzar la postura de Aragón ante ese intento trasvasista y para hacer frente a las acusaciones, esperadas y ya conocidas pero no menos graves, de que han sido objeto las instituciones aragonesas".
