ZARAGOZA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado con los votos del PP, Ciudadanos y Vox una moción del grupo municipal del PSOE en la que se pedía ejecutar las obras pendientes de los barrios rurales. El Gobierno de la ciudad ha argumentado que no procedía hasta que no haya una reunión con la Diputación de Zaragoza puesto que también financia estas inversiones.
El convenio de 9 millones de euros distribuidos en varios ejercicios tiene pendiente de ejecutar 3,5 millones que el Gobierno PP-Cs decidió no llevar a cabo por la "imposibilidad de acometerlas".
El texto de la moción del PSOE que ha decaído en Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a ejecutar a la mayor brevedad todas las obras incluidas en el convenio firmado con la Diputación Provincial de Zaragoza, que previamente fueron aprobadas en el Consejo de Alcaldes.
Asimismo, se reclamaba un cronograma de las obras pendientes que incluya costes previstos, plazos de ejecución y evolución de trabajos; así como acometer, de manera inmediata, los procedimiento necesarios para extender la descentralización y desconcentración de determinados tramites administrativos en las Juntas Vecinales y de Distrito. También pide iniciar la dotación de recursos técnicos, humanos y económicos suficientes para poder ejercer de manera efectiva las competencias descentralizadas.
El concejal del grupo municipal del PSOE, Ignacio Magaña, ha criticado al Gobierno de Zaragoza la gestión del convenio con la DPZ sobre los barrios rurales porque "lo han dejado morir por inanición y han abandonado a 35.000 personas en cuanto a inversiones".
La concejal del grupo municipal de Vox, Carmen Rouco, ha dicho que el convenio con la DPZ se ha gestionado mal, que los desfases económicos son millonarios y que hay "despropósitos" como pabellones de más de un millón de euros para barrios que ya tienen y con una población de mil personas.
PONER ORDEN
La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha criticado que el Gobierno de Zaragoza "paraliza" el convenio de la DPZ y renuncia a 3,5 millones de los 9 millones del mismo. A su juicio, se dan de baja obras por más de 2 millones de euros de los que la DPZ aporta la mitad y en otros casos casi desaparecen todas las inversiones previstas. "Si se dimensionó mal el presupuesto se puede arreglar técnicamente" ha recordado, al tiempo que ha defendido la utilización eficaz de los presupuestos.
La concejal de ZeC, Luisa Broto, ha dicho que la distribución del dinero en el anterior mandado "fue acorde para evitar el clientelismo" y que "lo han aniquilado". También ha asegurado que en la DPZ "no saben qué criterios han utilizado".
El consejero municipal de Participación Ciudadana, Javier Rodrigo, ha precisado que no se ha paralizado nada, sino que "se pone orden donde antes había caos". Ha dicho que la ejecución presupuestaria del convenio por el anterior Gobierno municipal ha sido del 26 por ciento en tres años y con un desfase de 5 millones de euros y además se pretendía prorrogar hasta 2021.
"Hemos salvado un 41 por ciento del convenio y sugerimos a la DPZ un nuevo convenio con una propuesta de liquidación --el pasado mes de febrero-- de los 3,5 millones pendientes. Estamos esperando la respuesta de la DPZ para volverlo a negociar". Ha confiado en que la reunión se produzca pronto y las obras se puedan ejecutar este mandato.
Por su parte, Magaña ha respondido que las obras las decidieron los alcaldes de barrio con la participación de los vecinos. "Devuelven 3,5 millones de euros cuando lloran por las esquinas diciendo que no tienen dinero".
SERVICIO A DOMICILIO
Por otro lado, se ha aprobado una moción del grupo municipal de Vox en la se pide al Gobierno municipal la realización de un estudio para analizar la situación del personal adscrito a los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales especializados y el servicio de igualdad.
También incluye las posibles soluciones a su situación de temporalidad y de indefinición jurídica de su relación laboral con el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que las delegaciones de competencias en estas materias y su ejercicio por parte del consistorio parecen tener vocación de permanencia.
Otro apartado de la moción pide que el Gobierno de la ciudad realice un estudio para "determinar de manera concreta y acertada las competencias propias que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en materia de servicios sociales", sus títulos competenciales, leyes o encomiendas de gestión que se los atribuyen, y coste y suficiencia de medios para la prestación de cada uno de los servicios sociales asumidos.
Asimismo, se solicita negociar con el Gobierno de Aragón de la dotación económica de los convenios de delegación de competencias en materia de servicios sociales, de forma que se garantice la suficiencia de medios.
La moción se ha aprobado con los votos a favor del PP, Cs y Vox, mientras que el resto de grupos se ha pronunciado en contra.
Antes de la votación, el alcalde ha vuelto a intervenir en el pleno para informar de que el Gobierno de Aragón paga una cantidad inferior al coste del servicio domiciliaria porque abona 17 euros a la hora mientras que el Ayuntamiento paga a 19 euros la hora.
A su parecer, lo que financia el Gobierno de Aragón en políticas del Ayuntamiento de Zaragoza es "mejorable". Azcón ha confiado en que los 50 millones de euros que la DGA dedica al pago del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) "algo se ahorrará por el Ingreso Mínimo Vital".
