El grupo popular del Congreso presenta una batería de iniciativas contra este fenómeno y, por otra parte, para apoyar a los autónomos
ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular en Aragón participará en la campaña nacional de este partido de recogida de firmas ciudadanas contra la 'okupación' ilegal de viviendas y en defensa de la propiedad privada. Los populares han registrado varias iniciativas contra este fenómeno en el Congreso de los Diputados, han anunciado en rueda de prensa el presidente provincial del PP Zaragoza, Javier Campoy, y los diputados por Zaragoza Eloy Suárez y Pedro Navarro.
Javier Campoy ha avisado de que la 'okupación' ya está afectando a la provincia de Zaragoza y se están dando "situaciones complicadas" en localidades como Cadrete y Utebo, frente a lo que ha pedido el endurecimiento de las penas y que las Fuerzas de Seguridad puedan actuar "rápidamente" cuando se produce una 'okupación'.
La campaña de recogida de firmas, que comenzará este martes, anima a luchar contra esta "lacra social" y evitar que los 'okupas' actúan "de forma impune" sin que haya "una respuesta firme". Concretamente, proponen que se pueda desalojar a los 'okupas' en 12 horas; que la 'okupación' con violencia se sancione con penas de uno a tres años de prisión y la incitación con penas de tres meses a un año de prisión; y que los 'okupas' no se puedan empadronar en la vivienda asaltada.
El diputado al Congreso Eloy Suárez ha apuntado que, durante el primer semestre de este año, se han producido 7.500 'okupaciones', lo que representa un aumento del cinco por ciento, en los últimos cinco años un 60 por ciento. En Aragón se 'okupan' cien viviendas cada semestre, siendo "un fenómeno que va creciendo y se ha convertido en un problema" en municipios como María de Huerva o Utebo, por lo que "hay que hacer algo". Ha dicho que "es un disparate que se esté cuestionando la propiedad privada".
Suárez ha criticado que el Gobierno de España "minimiza o llega a negar este problema" y ha recordado que el Parlamento catalán aprobó, en febrero de 2020, un Decreto para modificar la ley autonómica de vivienda que "da más facilidades a los okupas" con el apoyo de Podemos y el PSC. "Hay una estrategia de determinados partidos de seguir con esta cuestión y no hablar de otras".
El diputado del PP ha comentado que la compra de viviendas ha caído, especialmente por extranjeros. También ha indicado que en algunas calles y comunidades de viviendas "los vecinos temen por su seguridad" a causa del incremento de la delincuencia, lo que "está llevando a escenarios de tensión".
En este contexto, el grupo popular del Congreso ha registrado una proposición de ley orgánica con las medidas planteadas en la campaña de recogida de firmas y una proposición no de ley para que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de domicilio o morada, "de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive pagando un alquiler"; que los ocupantes no se puedan empadronar y que se anulen y den de baja los empadronamientos de estas personas.
INGRESO MÍNIMO
Por otra parte, Eloy Suárez ha manifestado que el ingreso mínimo vital parece "una herramienta de la propaganda oficial" porque muchas solicitudes han sido rechazadas y otras no han sido tramitadas, de forma que solo el 1,5 por ciento de los solicitantes reciben esta prestación. "La historia se repite y la gestión vuelve a ser un auténtico desastre", ha dicho el diputado, que ha preguntado al Gobierno central cuántos aragoneses lo han pedido, a cuántos se les ha concedido o denegado y a cuántos se les han ingresado los 426 euros.
El PP ha solicitado, asimismo, la comparecencia en el Congreso del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que explique estos retrasos, insistiendo en que "cualquier excusa es buena para intentar justificar que no se pague".
AUTÓNOMOS
Javier Campoy ha recordado que, durante el confinamiento, cada día cerraban en Aragón 30 empresas y eran despedidos 350 trabajadores, de ahí la exigencia del PP de un plan de choque al Gobierno de Aragón, que ante esta petición "mira al cielo a ver si caga una paloma, si se pone a llover o escampa". Unos 16.000 aragoneses siguen afectados por ERTE, actualmente.
De la misma forma, el diputado al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro, ha propuesto elaborar un "plan de choque" para los autónomos "dada la situación de desamparo", apuntando que "un millón de autónomos en España están en la cuerda floja" por su baja facturación y más de 280.000 siguen sin actividad. En Zaragoza, un total de 1.466 autónomos han solicitado los microcréditos del Ayuntamiento de la capital aragonesa.
Ha propuesto, de nuevo, que los ERTE se prorroguen como mínimo hasta el mes de abril del año próximo y que los autónomos cuenten con ayudas para cuidar a sus familias, que se bonifique al cien por cien la cuota de la Seguridad Social cuando el autónomo cause baja por la COVID-19, que "cuota cero por ingresos cero".
Pero "en lugar de eso el Gobierno de Pedro Sánchez quiere dejar fuera de la extensión de los ERTE a la hostelería", lo que "no tiene ni pies ni cabeza en un país donde el sector hostelero es tan importante como el turístico". Navarro ha pedido que se aplique un IVA super-reducido al sector turístico de cara a la próxima temporada de esquí y exonerar del pago de la Seguridad Social a los locales que permanezcan cerrados por la pandemia.
