ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo popular de las Cortes de Aragón ha registrado 18 enmiendas al Decreto-Ley del Gobierno autonómico de medidas de régimen jurídico de la alerta sanitaria por COVID-19, que se tramitará como proyecto de ley tras aprobarlo el Pleno de las Cortes. El objetivo principal es volver al control judicial de las decisiones políticas en materia de restricción de derechos y libertades fundamentales.
La portavoz adjunta, Mar Vaquero, ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles en la que ha asegurado que el PP pretende "hacer compatibles" la protección de la salud de los ciudadanos con las restricciones, promoviendo que estas se ajusten a los principios de "necesidad, proporcionalidad e idoneidad" para "garantizar los derechos y libertades fundamentales" y, a la vez, implementar medidas sanitarias "con eficacia y rapidez".
La dirigente del PP ha recordado que este partido votó en contra de la aprobación del Decreto-Ley porque "en principio era ilegal, superaba la legalidad, el espíritu de las leyes que nos rigen, con un desdén sin precedentes al poder judicial". Aunque los populares comparten "en el fondo" las medidas contenidas en el Decreto-Ley, "los medios no son los más adecuados", ha aclarado.
Ha explicado que esta norma "establece una pasarela jurídica 'ex novo' para determinados actos administrativos" de forma que el Ejecutivo podría "eludir" la autorización judicial de los mismos, de lo que "el PP no va a ser cómplice", insistiendo en que, si bien el Estatuto de Autonomía faculta al Ejecutivo a acordar Decretos-Leyes, es prioritario compatibilizar el ejercicio de los derechos con la protección de la salud. "Es el sistema que tenemos", ha zanjado.
Además de las enmiendas de carácter formal, las enmiendas del PP hacen hincapié en "la excepcionalidad" de las medidas, ha continuado Mar Vaquero, quien ha alertado contra "el debate falso entre la vida, la seguridad -sanitaria-- y cumplir las leyes", manifestando que se puede luchar contra la pandemia cumplieno la Ley.
La portavoz adjunta ha recordado que, durante el debate parlamentario de convalidación del Decreto, el PP propuso modificar dos leyes orgánicas para asegurar la protección de los derechos y libertades fundamentales junto con la salud, la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública y la de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero "no se tuvo en cuenta".
EFICACIA
Mar Vaquero ha opinado que "es el momento de que el Gobierno de Aragón reconozca los errores" y tome medidas "dotadas de legalidad y que se adapten a nuestro régimen legal vigente", recordando que el Ejecutivo ha sufrido "sucesivos varapalos judiciales por no proteger a los profesionales y para impedir que tomara medidas fuera de la Ley".
Ha reiterado las propuestas del PP para que el Gobierno acuerde la realización de test y cribados masivos; aumentar el número de rastreadores; dotar al Salud de recursos materiales y personal suficientes; dotar a la provincia de Teruel de una segunda ambulancia COVID y suministrar más EPI al personal de ambulancias.
También ha recomendado reforzar las residencias de mayores, hacer más análisis y test a trabajadores de estos centros y analizar las aguas residuales de las residencias, medidas para las que "no era necesario el Decreto-Ley" y que "se podían haber tomado desde el principio".
