27 de febrero de 2021
23 de octubre de 2014

Rechazada una iniciativa de IU sobre salud sexual de la mujer que pedía garantizar el derecho al aborto

ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado una proposición no de ley presentada por IU que pedía promover la salud sexual y reproductiva, facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos y garantizar el derecho al aborto, entre otras cuestiones, que ha contado con 27 votos a favor de PSOE, CHA e IU y 31 en contra de PP y PAR.

La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha explicado que esta iniciativa apoyaba las recomendaciones de la campaña internacional promovida por la Red Internacional de Médicos del Mundo Name-not numbers-Derecho a decidir de las mujeres y ya ha sido aprobada en los parlamentos autonómicos navarro, vasco y asturiano.

Según ha glosado, "hablamos de salud, de problemas sanitarios, de muertes evitables que necesitan compromisos políticos, recursos humanos y que los gobiernos se tomen en serio las políticas de igualdad" ya que "todavía mueren mujeres porque no tienen acceso a una sanidad saludable" y por la existencia del "aborto clandestino".

Luquin ha precisado que "cada día 800 mujeres mueren por causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo" y "220 millones de mujeres quieren prevenir embarazos, pero no tiene acceso a métodos anticonceptivos". La portavoz de IU ha lamentado que el PP "no haya sido capaz de dar un paso más, después de que sí lo han hecho en otros parlamentos sus compañeros".

La diputada del PP, Carmen Susín, que ha presentado un texto alternativo que no ha sido aceptado por el grupo proponente, ha dicho que su grupo estaba de acuerdo "con el fondo de la propuesta", pero ha considerado que la defensa del derecho al aborto en el texto, lo "desvirtuaban" porque los acuerdo de la ONU a los que hace referencia "hoy por hoy dicen que el aborto no puede ser reconocido como un método anticonceptivo, pero sí que hay que garantizar que se haga en condiciones de seguridad y legalidad".

SEGURIDAD

La diputada del PSOE, Lorena Canales, ha expresado su apoyo a la iniciativa "porque hay que seguir trabajando en políticas de protección" de las mujeres y ha advertido de que "hay más abortos donde las leyes son más restrictivas" al respecto, para asegurar que "cuando una mujer toma la decisión, lo hará" y el Estado debe "garantiza su seguridad".

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha indicado que la proposición no de ley "hace referencia a un programa más amplio y es difícil hablar solo de una parte cuando todo el conjunto está interrelacionado" y en él se incide en la educación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, para reconocer que "hay que seguir avanzando en los derechos de las mujeres".

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha recordado que el aborto en España "sigue apareciendo como un delito" en la ley y ha abogado por que "salga del Código Penal y se reconozca como derecho constitucional y se haga con la suficiente calidad humana y en condiciones de seguridad", para sostener que "no podemos retroceder en derechos fundamentales para las mujeres".

PROPUESTA DE IU

La proposición no de ley de IU instaba al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno español "a ser fiel" a los compromisos adquiridos en el marco de Programa de Acción de El Cairo y, en concreto, a promover la salud sexual y reproductiva, como "objetivo prioritario en la Agenda post-2015", aumentando la financiación, así como la proporción de Ayuda Oficial para el Desarrollo en este ámbito.

Igualmente, en el marco del citado programa de acción, a facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, también a la juventud, incluidos los de emergencia y los de largo plazo como el DIU, implantes y la esterilización voluntaria.

En la misma línea, a garantizar el derecho al aborto, con "calidad", a hacerlo de manera "cálida y humana", así como a "abolir las leyes que penalizan a mujeres y adolescentes que han practicado abortos ilegales y revisar las leyes y políticas para hacer los servicios para abortar accesibles, seguros y legales".

Igualmente, se reclamaba al Gobierno español "participación real y efectiva" de la sociedad civil en las reuniones oficiales, así como el acceso a la información y documentos que se negocien durante el proceso intergubernamental para la definición de la agenda de desarrollo post2015 y en la elaboración del informe de progresos en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

Además, que el Ejecutivo central aplicara políticas públicas "que garanticen, promuevan y protejan la salud y los derechos sexuales y reproductivos para toda la ciudadanía en condiciones de igualdad" y una política de cooperación española que "promueva la salud y los derechos sexuales y reproductivos", a través de los programas y proyectos que ejecuta, directamente o a través de otros organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

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