ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La mayoría parlamentaria PP-PAR ha rechazado dos proposiciones no de ley de CHA e IU contra la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de España y otra del Grupo Socialista cuyo objetivo era crear un impuesto para las grandes fortunas.
El presidente de CHA, José Luis Soro, ha defendido la primera iniciativa, que rechazaba expresamente la amnistía fiscal e instaba al Gobierno de Aragón a comunicarlo al Ejecutivo central.
Esta amnistía fiscal "es algo sencillamente inaceptable" porque "se burla" del principio constitucional que obliga a todos a contribuir al sostenimiento del Estado. "La amnistía fiscal es todo lo contrario, perdonar a algunos".
Soro ha señalado que hay una minoría de "defraudadores profesionales que no pagan" contra los que solo cabe una vía, que es la inspección y la sanción.
Además la medida adoptada por el Ejecutivo central "reconoce el fracaso de la inspección tributaria", ha continuado Soro, quien ha opinado que "los niveles de economía sumergida son sencillamente vergonzosos", en Aragón suponen el 25,5 por ciento del total.
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha presentado su iniciativa, que rechaza la amnistía por considerar que beneficia a los defraudadores y a aquellos que tienen capitales por legitimar y emplaza al Gobierno autónomo a solicitar al central que la retire.
Adolfo Barrena ha afirmado que a causa de la política fiscal desarrollada durante los últimos 10 años "no pagan exactamente igual las rentas del capital que las rentas del trabajo" y ha criticado la subida de los impuestos indirectos, que son "los más injustos, más insolidarios y menos democráticos".
Adolfo Barrena ha sugerido que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, no ha cumplido sus promesas electorales al indicar que "iba a ser llevar al señor Rajoy a La Moncloa y empezar a ganarse la confianza de los mercados, no iba a subir el IVA, no iba a abaratar el despido, no iba a nacionalizar nada, palabra tabú".
El diputado del PAR Antonio Ruspira ha afirmado que la economía sumergida mueve 8.355 millones de euros en la Comunidad Autónoma. La amnistía fiscal beneficia a la Administración General del Estado, las entidades financieras y los defraudadores.
"No queremos procesos regulatorios, queremos que se luche contra el fraude fiscal". En todo caso si se ejecuta la amnistía fiscal se debe trasladar a las comunidades autónomas la parte proporcional de lo que se recaude.
La parlamentaria socialista Ana Fernández ha aseverado que "este no es el momento para amnistiar a los defraudadores". Ha recordado que el Gobierno de España ha recortado el gasto público y ha aprobado impuestos para las clases medias y los trabajadores.
La amnistía no es una medida "ejemplarizante", ha proseguido Ana Fernández, quien ha recomendado reforzar la inspección fiscal y redoblar los esfuerzos en educación cívica.
El diputado del PP Jorge Garasa ha defendido la amnistía fiscal y ha explicado que para repatriar los dividendos ubicados en los paraísos fiscales hay que justificar la actividad real en el país de origen. Garasa ha negado que la medida adoptada sea una amnistía fiscal.
GRANDES FORTUNAS
Posteriormente, la diputada socialista Ana Fernández ha defendido una proposición no de ley con la que este Grupo ha solicitado crear un impuesto nacional sobre las grandes fortunas. La mitad de la recaudación se cedería a las comunidades autónomas, que destinarían el 75 por ciento de lo recibido a financiar los servicios públicos básicos.
Ana Fernández ha señalado que "hay una tremenda disminución de ingresos" a causa de la crisis económica y ha recomendado revisar el modelo fiscal conforme a los principios de eficiencia, progresividad y suficiencia para poder mantener unos niveles de gasto público similares a la media europea.
"Los que más tienen son los que deben colaborar de forma especial a la salida de la crisis", ha considerado Ana Fernández, quien ha mencionado la fiscalidad francesa, donde se gravan no solo las rentas altas, sino también el patrimonio.
José Luis Soro (CHA) ha apoyado la iniciativa por entender que contribuye a la progresividad, la igualdad y la justicia. Sin embargo, ha preguntado a Fernández por qué se debe ceder el 50 por ciento de la recaudación a las comunidades autónomas y no el 100 por cien.
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha animado a recuperar la fiscalidad progresiva y ha recordado que esta reivindicación fue formulada antes de que se consolidara el sistema democrático.
El diputado del PAR Antonio Ruspira ha opinado que si se aprobara un impuesto sobre las grandes fortunas en Aragón se produciría una "evasión fiscal" a otras comunidades autónomas. "No vivimos en el mundo de pin y pon, los grandes inversores y las grandes fortunas están muy bien asesorados, muy bien aconsejados y toman las decisiones con una rapidez de vértigo".
La diputada popular Yolanda Vallés ha señalado que en el sistema tributario español se está haciendo recaer la mayor parte de la carga sobre las rentas del trabajo y ha expresado que los Presupuestos Generales del Estado contemplan medidas impositivas de carácter progresivo.
