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  • 25 de mayo de 2010

    El representante del PAR en la FEMP rechaza la "limitación" del endeudamiento en los ayuntamientos

    ZARAGOZA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

    El representante del Partido Aragonés (PAR) en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Joaquín Peribáñez, transmitió hoy en la Comisión Ejecutiva de esta entidad su oposición a la "medida unilateral" dictada por el Gobierno central de limitar el endeudamiento municipal a partir de enero de 2011.

    Según informó el partido en un comunicado, el PAR rechaza "que se trate a todos los ayuntamientos por igual", y apuesta por "abrir un proceso de negociación con el Gobierno central, para que la medida prevista para el año 2011 se posponga".

    Peribáñez criticó que "no es de recibo que los ayuntamientos de toda España nos hayamos enterado de una noticia de este calado a través del Boletín Oficial del Estado". "Cuesta pensar que el Gobierno central se haya tomado el tiempo de estudio y análisis necesario para llegar a esta decisión, teniendo en cuenta que no ha contado con la opinión de ningún partido político, ni de una muestra suficiente de ayuntamientos españoles", aseguró Joaquín Peribáñez, quien a su vez es el presidente intercomarcal del PAR en Teruel y alcalde de Calamocha.

    "No podemos asumir todos los recortes que se les ocurra desde Madrid, y la limitación de adeudamiento de ahora, que sumada a la bajada de los ingresos de los impuestos locales generados por la caída de las licencias, bloquean cualquier intento de financiación de las entidades locales", afirmó el miembro aragonesista de la ejecutiva de la FEMP.

    Así, Peribáñez consideró que "el verdadero problema vendrá cuando los ayuntamientos no puedan enfrentarse a los gastos corrientes, si en estos meses que quedan del 2010 tienen que hacer frente a los gastos e inversiones a los que se han comprometido".

    Además advirtió del riesgo de que "muchos ayuntamientos se vean incapaces de aportar la parte que les correponda de las subvenciones y actuaciones cofinanciadas por otras instituciones, lo cual supone la renuncia a esas subvenciones y, con ello, la no ejecución de unas obras muy necesarias y "de la incoherencia de esta medida con otras puestas en marcha por el Gobierno central, como el llamado Plan E".

    Otra de las consecuencias previsibles con esta medida es el aumento del paro y la supresión de puestos de trabajo a medio plazo, ya que "sin capacidad de endeudamiento, la gran mayoría de los ayuntamientos se verán imposibilitados para llevar adelante la contratación de nuevas inversiones, así como de la renovación de algunos puestos de trabajos por falta de liquidez en las arcas municipales".