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Ricla y Los Fayos, primeros municipios de España sin Policía Local que instalarán cámaras de videovigilancia
ZARAGOZA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los municipios zaragozanos de Ricla y Los Fayos van a ser los primeros de España que no cuentan con Policía Local y que van a poder instalar cámaras de videovigilancia, tras haber recibido este miércoles, 4 de diciembre, el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia.
Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez, con motivo del discurso que ha dado en el acto de celebración del Día de la Constitución.
Allí ha explicado que se ha iniciado un nuevo procedimiento para implantar estas cámaras con el objetivo de "mejorar las condiciones de seguridad" de estas localidades ya que "para luchar contra la despoblación, tan importante como garantizar la educación, la sanidad o las políticas sociales es que los ciudadanos se sientan y estén seguros".
La delegada ha precisado que el proceso administrativo ha culminado "y esperamos poder hacerlo extensivo muy pronto a las provincias de Huesca y Teruel".
En declaraciones a los medios de comunicación, ha aclarado que desde hace un año la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha estado trabajando para encontrar un marco "jurídico y legal" que permita secundar la petición de algunos municipios que, trasladando las propuestas de sus ciudadanos, solicitaban poder instalar estas cámaras de videovigilancia, a pesar de no contar con Policía Local.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
La delegada del Gobierno en Aragón ha señalado que estas cámaras no van a enfocar a ninguna puerta, ni vivienda, sino a los viales y las calles. Además, ha indicado que la Comisión de Garantías de la Videovigilancia ha conocido los lugares concretos donde van a colocadas "para que en ningún momento se incumpla la ley de protección de datos".
También ha dicho que las imágenes se almacenarán sin que nadie las visione, salvo que se cometa un delito, momento en el que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitarán la autorización para poder visionarlas.
Carmen Sánchez ha informado, igualmente, de que las imágenes se irán almacenando y cada mes se destruirán automáticamente. En ese tiempo, estarán custodiadas por el Subdelegado del Gobierno en Zaragoza. La compra e instalación de las cámaras correrá a cargo de cada ayuntamiento.
La delegada ha comentado que es una iniciativa "pionera" ya que hasta ahora solo se autorizada esta videovigilancia en municipios con Policía Local, para apuntar que anteriormente se han instalado algunas cámaras en los que no la tienen, pero "para el control de tráfico", no con esta finalidad.
"Estamos muy satisfechos de haber encontrado de esa fórmula jurídica" y de poder aplicarla en una Comunidad autónoma como la aragonesa, donde hay "muchos municipios dispersos, envejecidos, con poca población". Esta va a ser "una herramienta más que va a ayudar al control y, sobre todo, a la persecución de los delitos", ha agregado.
A su entender, la "sensación de seguridad es algo subjetivo y desde muchos municipios nos habían trasladado que instalar cámaras de videovigilancia era una herramienta para estar y sentirse más seguros en los pequeños municipios, sobre todo en aquellos más pequeños y dispersos".
TODAS LAS GARANTÍAS
Carmen Sánchez ha manifestado que los dos expedientes aprobados en la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, el de Los Fayos y el de Ricla, han recibido el visto bueno porque cuentan "con todas las garantías y con todos los criterios para que se pudiera hacer".
Ahora, ha continuado, "queremos ir poco a poco" ya que "no todos los ayuntamientos lo solicitarán porque habrá algunos que no lo consideren oportuno o no tengan esa necesidad", pero otros que sí lo harán, para considerar que habrán de cumplirse una serie de criterios y quizá no todos los que lo pidan podrán acceder.
La delegada del Gobierno ha agradecido la "buena disposición" que han mostrado con este proyecto, en todo momento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, el Fiscal Superior de Aragón, José María Rivera, y la Abogacía del Estado, en su condición de miembros de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, así como a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "por su apoyo y colaboración".
