ZARAGOZA/MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, va a plantear al Gobierno central que realice la conversión en fijos de aquellos interinos de larga duración que están en fraude de ley.
En concreto, Sánchez-Garnica preguntará a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, si tienen previsto iniciar los cambios normativos necesarios para transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/70/CE del Consejo --relativa al trabajo de duración determinada--. De hacerlo, supondría poner en marcha las medidas necesarias para la consolidación de los empleados públicos temporales que se encuentran en 'fraude de ley', unos 300.000 según los cálculos más conservadores, y que la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva a 800.000.
Esta pregunta la presentará el próximo jueves en la Comisión de Función Pública de la Cámara Alta. La iniciativa, que Sánchez-Garnica ha presentado también como moción, ha sido realizada a propuesta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), formación sindical aragonesa que defiende los intereses del colectivo de trabajadores públicos interinos en fraude de ley.
En su escrito, el senador autonómico, abogado especializado en Derecho Administrativo, denuncia que el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado en marzo de 2017 y renovado en 2019, después de que la Comisión Europea amenazara con sancionar a España por la situación de precariedad de los trabajadores de las administraciones públicas, "no ha cumplido sus objetivos de consolidación del empleo temporal", lo que de facto supone el incumplimiento de la citada directiva.
A este respecto, Sánchez-Garnica ha apuntado que dicha normativa europea, que prohíbe la discriminación de los trabajadores por causa de su temporalidad, solo se ha transpuesto al derecho interno español para el sector privado, y no para el público.
Además, remite a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que incide especialmente en la necesidad de sancionar el abuso de la contratación temporal, una medida que, por una parte, no está contemplada en nuestro derecho nacional, y, por otra, "resultaría inasumible para las arcas públicas".
"En nuestro Derecho ni existe indemnización, ni medidas sancionadoras efectivas y disuasorias adicionales, ni mucho menos un sistema de multas a las autoridades administrativas responsables que abusen de la contratación temporal en el Sector Público", ha detallado Sánchez-Garnica.
NORMATIVA NACIONAL
El escrito del PAR también desmonta el argumento de las distintas administraciones que sostiene que los nombramientos del personal temporal se formulan al amparo de la normativa nacional, puesto que esta práctica solo es legalmente posible cuando estos puestos de trabajo se convocan para funciones provisionales, excepcionales o puntuales, y no "estables y permanentes", como sucede en sectores como el sanitario, el educativo o el de los servicios sociales, cuyas plantillas interinas superan en algunos casos el 50 por ciento, y "en algunas categorías alcanzan prácticamente la totalidad de sus efectivos".
Por todo ello, el PAR ha considerado que, a tenor de la citada sentencia y en cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE, "las soluciones a adoptar pasan por promover una verdadera consolidación administrativa de los empleados públicos en fraude de ley". Para ello, propone "una ley al efecto que declare el abuso y aplique la consolidación de los afectados en sus puesto como sanción a los abusos cometidos" o "la convocatoria de un concurso extraordinario de méritos restringido a las personas abusadas".
Una propuesta que "con una administración envejecida" y en la que se prevé la jubilación de un millón de efectivos en los próximos diez años, supondría una solución al déficit de plantillas y "no acarrearía coste alguno para las arcas públicas al tratarse de plazas que ya existen y que están dotadas presupuestariamente".
