Aragón, Galicia, CyL, Asturias, La Rioja y Castilla-La Mancha piden a Sánchez que presente la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico
ZARAGOZA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de las Comunidades autónomas de Aragón, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León han suscrito este lunes en Zaragoza una declaración institucional conjunta que actualiza las reivindicaciones de estos territorios sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que exigen que atienda a las necesidades de gasto reales de las regiones, y en cuanto al reto demográfico y la despoblación.
Para estas Comunidades, establecer un nuevo sistema de financiación autonómica y combatir la despoblación son "dos caras de la misma moneda" y dos de los principales retos que debe afrontar el conjunto del país. Reclaman que, respetando la Constitución, se impulse una nueva financiación que garantice el principio de igualdad entre todos los españoles y que las diferencias entre Estatutos no impliquen, "en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
De este modo, en esta declaración conjunta las seis regiones transmiten al Gobierno de España la necesidad "perentoria" de defender como prioritaria la definición del nuevo sistema de financiación autonómica, un debate que debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con una propuesta de modelo que sea objeto de un consenso "multilateral", que tenga en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas.
Así, han expresado su preocupación por que el calendario electoral de los próximos años añada "más incertidumbre" a unos acuerdos "ya de por sí complejos de alcanzar". En todo caso, proponen que este nuevo modelo refuerce, en primer lugar, la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades; que el nuevo sistema sea fruto de un consenso "multilateral" en el CPFF; y que se corrijan los déficits de financiación en los servicios que presenta el actual modelo.
Además, plantean potenciar el principio de suficiencia, para que todas las Comunidades dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro; que se defina un sistema de nivelación total y un catálogo de servicios; que se incorpore una cláusula para que ninguna Comunidad empeore su posición financiera como consecuencia de la reforma y que las necesidades de financiación se determinen según las necesidades de gasto real, teniendo en cuenta variables como la orografía, los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento de la población.
La evaluación de las necesidades reales se deberá realizar de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales, como el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia, considerando criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y aquellas que se encuentran en declive demográfico, proporcionando servicios de calidad a estas últimas.
LEALTAD
Estas seis regiones piden también "lealtad institucional", que impida que las decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las Comunidades para hacer frente a la prestación de sus servicios; e impulsar una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos.
Solicitan políticas de desarrollo regional y un Fondo de Compensación Interterritorial; que se analice la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades, respetando la igualdad de trato entre ellas; y que se evalúe también el impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las autonomías.
"Las Comunidades autónomas necesitamos mejorar nuestros recursos para poder prestar unos servicios públicos de calidad con carácter inmediato, más teniendo en cuenta que en la previsión de liquidación de 2017, comunicada en julio, no se ha tenido en cuenta la incidencia del cambio del sistema de gestión del IVA", indica la declaración.
Al respecto, advierten de que este cambio afectará "de manera clara" a los recursos de los que van a disponer estas regiones y consideran que se debe abonar a las Comunidades en 2019 tanto el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en el año 2017 como la parte que hubiera correspondido a cada Comunidad en los distintos fondos del sistema que se hayan visto afectados negativamente por esta modificación (Fondos de Garantía, de Suficiencia y de Convergencia).
DESPOBLACIÓN
Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León suman el 52,8 por ciento de la superficie del territorio de España, 4.463 municipios --el 55 por ciento--, pero no alcanzan más que el 21 por ciento de la población nacional. Por ello, todas han emplazado al Gobierno que preside Pedro Sánchez a que presente, en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes en enero de 2017, la propuesta de 'Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico'.
En el ámbito europeo, con vistas al debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo posterior a 2020, estas Comunidades señalan el reto demográfico como uno de los principales desafíos.
Por ello, advierten de la necesidad de una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y fondos de la Unión, en los que, junto con la PAC, la Política de Cohesión juega un papel fundamental en la creación de empleo y promoción de la actividad económica.
Estiman que la Política de Cohesión post 2020 "tiene que estar al servicio de los nuevos retos que afronta la UE", entre ellos el demográfico, y tiene que atender a variables como la evolución de la población, la dispersión territorial, el envejecimiento, la emigración de la población joven y adulta y la consecuente caída de la natalidad.
DOTACIÓN DE FONDOS
Tiene también que prever instrumentos específicos para las zonas más afectadas por los desafíos demográficos, como un mayor peso de los criterios demográficos en la asignación de fondos o mayor flexibilidad en la elección de los objetivos temáticos o en las tasas de cofinanciación.
Estas seis regiones piden que la UE lleve a cabo una definición precisa del concepto 'desventajas demográficas graves y permanentes', recogido en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento, a una escala adecuada para identificar y dar respuesta a los desequilibrios existentes en el interior de los estados miembro.
Por último, consideran que la dotación de fondos de cohesión debe estar condicionada a la efectiva existencia de una política de convergencia y cohesión interna y propia de los Estados y las regiones, en el marco de una adecuada ordenación del territorio basada en unidades funcionales con dimensión suficiente para generar dinámicas positivas de activación económica y demográfica.
Su deseo es que se alcance a nivel europeo un mayor compromiso político sobre los retos demográficos que no solo reconozca estos desafíos sino que adopte los medios financieros, técnicos y humanos para hacerles frente.
