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El consejero subraya que las diputaciones provinciales deben garantizar la secretaría e intervención en municipios de menos de mil habitantes
ZARAGOZA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha recalcado que el Ayuntamiento de Zaragoza "es el que menos tiene que preocuparse" por la aplicación de la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con la Junta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Zaragoza para analizar la reforma local, ha recordado que los servicios sociales, que son los que "más peso económico tienen", cuentan con "dos años para que puedan pasar de los ayuntamientos a las comunidades autónomas".
Según ha explicado, "hay una moratoria concreta porque está supeditado a la reforma de la financiación autonómica y local", igual que ocurre con las competencias de sanidad y educación. Ha añadido que está previsto que la reforma de la financiación autonómica se realice este año y "a la par tiene que ir la financiación local, según dispone la propia ley".
Además, ha continuado Suárez, hay un acuerdo entre el Gobierno y el consistorio en materia de servicios sociales "de cuáles son los parámetros y están aceptados por las dos partes" y "antes de que acabe el año estará aprobada la ley de Capitalidad", sobre la que "estamos impulsado con los trabajos previos".
La nueva norma establecerá "nítidamente cuáles son las competencias de la ciudad de Zaragoza", para comentar, asimismo, que "antes de que acabe la legislatura", que finaliza en mayo de 2015, "estará la ley de la comarca de Zaragoza".
Suárez ha manifestado que ya ha habido una reunión entre el Ejecutivo y el Consistorio y se ha acordado crear una comisión técnica de trabajo para adaptar algunas cuestiones, como las relativas al consumo, puesto que es una competencia autonómica, pero el Ayuntamiento de Zaragoza "tiene una oficia del consumidor".
INTERVENTORES
El consejero de Política Territorial e Interior ha subrayado que la nueva ley establece la obligatoriedad de que las diputaciones provinciales --o las entidades supramunicipales, como las comarcas--, garanticen los servicios de secretaría e intervención para los ayuntamientos de menos de mil habitantes.
En este punto, ha indicado que, "dentro de la autonomía de cada diputación tiene, debe decidir cómo lo garantizan", para glosar que, en los municipios pequeños, los alcaldes "se apoyan en sus secretarios para desarrollar la gestión".
Respecto a la reunión con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Zaragoza, ha dicho que este colectivo profesional "ha hecho una valoración global positiva", también de que la Oferta de Empleo Público "vuelva a ser de la Administración General del Estado" porque "ordena la dispersión que había por Comunidades autónomas en cuanto a convocatorias".
El consejero ha apuntado que, no obstante, le solicitó al Gobierno central, en su intervención en el Senado, que "sean oídas las Comunidades antes de sacar la oferta" porque en Aragón "tenemos muchas vacantes y muchos problemas para cubrirlas" y por eso "necesitamos que se nos escuche antes de esta oferta nacional para que puedan atenderse las necesidades de la Comunidad".
Según ha precisado, existen más de 200 vacantes, a pesar de que "hemos sacado estos años ofertas importantes, pero sigue habiendo un problema para cubrirlas".
CAMBIO SUSTANCIAL
El presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de Zaragoza, Sergio Ibarz, ha remarcado la importancia de esta reforma legal porque supone un "cambio sustancial en temas de competencias", mientras que la financiación "queda a expensas de la reforma de la ley de Haciendas Locales".
Por lo que respecta al colectivo profesional, ha coincidido con el consejero en que "hay muchas vacantes en municipios", para estimar que "el tema de la planta local se debe solucionar y hay que empezar a marcar un camino" en esa línea.
Sobre las dificultades en la aplicación de la ley, ha indicado que "para determinadas competencias puede haber dudas", pero con las disposiciones transitorias "queda claro que las siguen prestando los ayuntamientos, como las sociales y educativas", mientras que otras se han suprimido a los municipios "para evitar duplicidades", como, por ejemplo, el consumo.
El presidente del colegio ha recordado que se ha creado una oficina por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "para solventar dudas" y ha comentado que le han pedido al Gobierno de Aragón "si puede servir de cauce para dar traslado de las dudas a Madrid", si bien "directamente los compañeros pueden directamente consultar a esta oficina todas las cuestiones".
Ibarz ha manifestado que, tras la entrada en vigor esta ley en 2014, no conoce ningún caso de interventores y secretarios que se hayan negado a firmar documentos o aprobar la salida de dinero porque pudiera incurrir en algún tipo de responsabilidad. Según ha expuesto, "cada uno analizará la liquidez y si hay crédito presupuestario" y "entiendo que intervendrá como estime oportuno".
