ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT-Aragón ha solicitado a las Administraciones que vigilen las estrategias de las empresas en materia de contratación pública y protejan los intereses de los trabajadores.
En una nota de prensa, UGT ha explicado que la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 "puede ser un coladero por el que las empresas puedan ver incrementado artificialmente su beneficio industrial a costa de los gastos de personal y de engañar a las Administraciones públicas y, por tanto, al contribuyente".
Asimismo, la organización sindical ha advertido de que la partición por lotes de los contratos de servicios "pueden atacar en muchas ocasiones los derechos de los trabajadores y el hecho sindical".
Según ha indicado UGT, el artículo 100.2 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público establece que "en los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia".
La organización sindical ha señalado que esta disposición de la ley afecta, sobre todo, a aquellos contratos de prestación de servicios de mano de obra intensiva, en los que la Administración que licita debe tener en cuenta el coste laboral, en virtud de los salarios establecidos por los convenios colectivos, a la hora de fijar el 'precio base de licitación', lo que garantiza a los trabajadores el pago de los salarios establecidos por la negociación colectiva por cada contratista.
INFLAR LOS COSTES LABORALES
UGT ha alertado de que "la tendencia extractiva de la mayoría de licitadores de contratos de servicios de las Administraciones públicas pueden llevarles a 'inflar' artificialmente los costes laborales para repercutirlos en la Administración, incrementado así el margen de beneficio ya tasado en los propios contratos".
De hecho, ha precisado el sindicato, el propio Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ya ha intervenido declarando "lesivas" algunas de esas prácticas.
La organización sindical ha comentado que el artículo 99 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la motivación de beneficiar los intereses de las PYMES, establece que, de forma general, los contratos de servicios deberán ser divididos por lotes, salvo que el licitador motive de forma suficiente no hacerlo.
"En muchas ocasiones, y en servicios como la limpieza, esa partición por lotes entrega los contratos de servicios a empresas 'pirata', con nula solvencia, destacadas por agredir los derechos de los trabajadores y que, al menor retraso en el pago de las Administraciones públicas, dejan de abonar los salarios de los trabajadores", ha expuesto UGT.
Ha añadido que, la partición por lotes puede llevar a los empleados a verse obligados a trabajar para dos empresas en vez de para una sola, "con indeseables efectos tributarios para ellos", al tiempo que "se divide a plantillas muy estables y cohesionadas y se ataca los derechos de representación colectiva de los mismos".
Como ejemplo, UGT ha precisado que el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza podría disponerse a partir por lotes el contrato de servicios de limpieza de sus dependencias socioculturales y de colegios públicos, en los que prestan servicios más de 600 trabajadores, la mayoría mujeres y con contratos a tiempo parcial.
Los representantes de los trabajadores y UGT "llevan meses haciendo ver los problemas que podría acarrear tal decisión, de confirmarse, tantos, como la decisión de no licitar los servicios, pese a estar los contratos prorrogados, y dejar esa decisión en manos del Gobierno de la ciudad en la próxima legislatura", ha relatado la organización sindical.
VIGILANCIA
UGT ha estimado que la Ley de Contratos del Sector Público introduce ciertos aspectos que la han mejorado frente a la anterior, "pero no deja de ser una ley fuertemente influida por el lobbie empresarial y por el 'nuevo management público', la forma de gobernanza de las administraciones públicas del neoliberalismo".
Por todo esto, desde FeSMC-UGT Aragón se está "vigilando" las nuevas licitaciones públicas de contratos de servicios basados en mano de obra intensiva y ha anunciado que interpondrá recursos especiales en materia de contratación siempre que entienda lesionados los derechos e intereses de los trabajadores.
Asimismo, está interviniendo ante las distintas Administraciones públicas en aras a conocer, previamente a su exposición pública, los pliegos de condiciones de los contratos de servicios para instar las oportunas mejoras en los mismos, "no solo para preservar y, si es posible, mejorar las condiciones de trabajo, sino para alertar de las malas práctica empresariales que de facto suponen un derroche de recursos públicos", ha esgrimido la organización.
