ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha tildado este jueves de "excelente" el transporte sanitario urgente terrestre que realiza el servicio 061 de la Administración autonómica mediante una empresa privada y ha reclamado al PP que no cree "alarma social".
Ha comparecido, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, a petición del grupo popular, donde ha considerado "aventurado y peligroso" cuestionar la calidad de este servicio, cuya contratación renovó el Ejecutivo de Javier Lambán en 2018 y hasta 2021.
La situación actual, ha dicho, es de "satisfacción con muchas incidencias", indicando que el Gobierno regional ha tenido en cuenta las "especiales características territoriales y demográficas" de la Comunidad Autónoma, para lo que ha incrementado el presupuesto de este servicio en un 28 por ciento, hasta los 77,3 millones de euros, que incluyen las subidas salariales del personal, la adaptación del servicio a las nuevas necesidades asistenciales y "una importantísima inversión en equipamiento".
Los vehículos de la anterior contrata, que habían recorrido 400.000 kilómetros, han sido sustituidos por 88 nuevas ambulancias, convirtiendo 18 convencionales en ambulancias de soporte vital básico. En total, hay 45 ambulancias de soporte vital básico y 31 de soporte vital avanzado, así como ocho vehículos UVI para traslados entre hospitales.
Pilar Ventura ha puntualizado que las ambulancias convencionales no prestan servicio en el medio rural, sino que "se dedican al traslado individual y no asistido de los pacientes porque disponen de equipamiento técnico y material sanitario básico", añadiendo que para asignar los recursos a cada zona se han tenido en cuenta tanto el acceso a las vías de comunicación como los tiempos requeridos de respuesta asistencial.
La titular de Sanidad ha anunciado que en enero de 2020 entrará en servicio una unidad de soporte vital avanzado en Mosqueruela (Teruel) y se reforzará el eje Zaragoza-Teruel con un vehículo de soporte vital básico en Calamocha (Teruel).
Ha apuntado que, hasta el pasado mes de octubre, se han movilizado 116.267 recursos, recibiendo este servicio 129.378 llamadas asistenciales que han derivado en 16.641 movilizaciones de vehículos y los helicópteros de salvamento han actuado en 698 ocasiones, es decir, que "todos los recursos se movilizan para atender de la forma más rápida y eficaz a la población aragonesa".
QUEJAS
La diputada del PP, Ana Marín se ha remitido a las quejas de los sindicatos para afirmar que "estos profesionales prestan un servicio fundamental con unos medios que no están a la altura de las circunstancias de la labor que llevan a cabo" porque son "inadecuados" pese a que los empleados "dan lo mejor de sí mismos para llevar a cabo su trabajo de forma impecable con un resultado óptimo".
Marín ha subrayado que las reivindicaciones "no son laborales en sentido estricto", sino que pretenden mejorar las condiciones del servicio "porque nos puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento".
La parlamentaria del PP ha señalado que el nuevo contrato -de 2018_"adolece de cuestiones que fueron advertidas por los sindicatos y los trabajadores al observar que no solucionaba los problemas que se daban día a día y no cubría todas las necesidades que este servicio debe prestar".
A su juicio, el transporte sanitario urgente terrestre "no ha mejorado, sino empeorado y ha ido acumulando una serie de deficiencias que, sobre todo, inciden en el servicio que se presta y en la atención a los usuarios".
Ha dicho que algunas ambulancias convencionales realizan transportes urgentes, en la mayoría de ocasiones, con un solo empleado, el técnico conductor, "que durante el traslado no puede atender al paciente puesto que está conduciendo".
"Otra vez el medio rural es pagano de unas deficiencias que ya se advirtieron", ha dicho, insistiendo en que no da la debida asistencia a los pacientes.
Además, ha continuado los propios técnicos deben guardar las medicinas en sus domicilios y los vehículos 'duermen' a la intemperie, sufriendo temperaturas "extremas". Los empleados limpian los vehículos "con medios propios e incumpliendo las ordenanzas municipales".
BUNKERIZACIÓN
En representación del PSOE, Olvido Moratinos, ha defendido el pliego de condiciones, que se elaboró "teniendo en cuenta un concepto global del 061", subrayando que "se escuchó a los profesionales", que son "quienes mejor conocen las necesidades".
La diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha exigido a la consejera que "deje de bunkerizarse y haga el favor de reunirse con los múltiples profesionales de la sanidad que están llamando a su puerta". Ha dicho que el Departamento "no ha vigilado el contrato".
Para la diputada de Podemos Itxaso Cabrera, el problema responde a la "externalización" del servicio porque "cuando las empresas toman las riendas de la sanidad estos servicios se vuelven más precarios", como también los puestos de trabajo, por lo que ha emplazado a "caminar hacia un modelo de internalización de los servicios del sistema sanitario público".
Desde CHA, Isabel Lasobras ha expresado que si la empresa contratista no cumple con el pliego de condiciones, el Departamento "deberá estar vigilante para que se cumpla al cien por cien" y ha confiado en que se resuelvan estos problemas con la próxima adjudicación. Ha destacado que con el Gobierno de Lambán han aumentado la inversión y el número de vehículos respecto al anterior Ejecutivo (PP-PAR).
El diputado de Vox, Santiago Morón, ha lamentado que los empleados de este servicio "no tienen, probablemente, el reconocimiento social que merecen" y ha espetado a la consejera que "su obligación es constatar que se cumple ese pliego de condiciones y, si hay dudas, cuando menos intentar constatar y aclarar la situación".
El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha llamado la atención sobre las características demográficas "singulares", que exigen que los servicios se presten con "características especiales", en alusión a la escasa y envejecida población en un territorio muy disperso.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha considerado "preocupante" la "autocomplacencia" de la consejera y ha apuntado que la Inspección de Trabajo ha levantado un acta por infracción grave, urgiendo a vigilar a la empresa para que cumpla el contrato "poniendo los medios necesarios".
