ZARAGOZA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, también diputada de Podemos, ha sido elegida coordinadora de la comisión especial de estudio sobre el impuesto de sucesiones, que se ha constituido este jueves, 5 de abril, en el Parlamento autonómico y cuyas sesiones serán abiertas.
La comisión fue propuesta por el Partido Aragonés (PAR) y su objetivo es analizar el impuesto en la Comunidad y considerar la introducción de mejoras ante las diferencias en la aplicación del mismo con respecto a otras autonomías y aligerar la presión fiscal de los aragoneses.
En la sesión constitutiva, CHA ha propuesto a Barba como candidata, que ha sido elegida por todos los grupos por asentimiento, sin que se hayan presentado otros candidatos, según ha explicado la presidenta de las Cortes en declaraciones a los medios de comunicación, quien ha añadido que ya se ha dado esta situación en otras ocasiones.
Por su parte, el portavoz de CHA, Gregorio Briz, que también forma parte de la comisión, ha explicado que esta propuesta "tiene su lógica porque Podemos votó a favor" de crear esta comisión, mientras que su partido lo hizo en contra "y preferimos que sea un grupo de izquierdas el que presida, en vez de la derecha, que lo puede llevar a la propaganda".
La comisión se volverá a reunir el próximo 11 de abril para decidir a qué expertos y colectivos llama para comparecer y a partir de ahí se elaborará un calendario, con sesiones públicas, para, finalmente, elaborar un dictamen.
YA ESTARÍA
El diputado del PP, Antonio Suárez, ha reconocido que no espera mucho de esta comisión porque si el Gobierno de Aragón PSOE-CHA "hubiera querido, hubiera hecho los deberes" y presentado un proyecto de ley de reforma a la vez que el Presupuesto de la Comunidad de 2018 y ésta ya estaría aprobada.
Ahora, el Ejecutivo pretende "que de aquí salga una minireforma hecha a la medida de un Gobierno que va renqueante, arrastrando los pies con este tema y que, como ha reconocido el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, lo que les está moviendo es la presión de los grupos políticos y, sobre todo, de los ciudadanos".
Suárez se ha mostrado "abierto a todas las cuestiones", si bien ha comentado que la postura del PP está "clara", la bonificación del impuesto al 99 por ciento de padres a hijos y entre cónyuges y es el Ejecutivo "quien tiene que decir a qué está dispuesto", para recordar que el PSOE votó en contra de esta comisión, mientras que el PP lo hizo a favor.
En este sentido, ha incidido en que el Gobierno "podría traer en dos meses el proyecto de ley y tramitarlo para que entrara en vigor el 1 de octubre", fecha en la que según sus cálculos ya se habrán recaudado los 149 millones de euros previstos en el Presupuesto en esta cuestión, para apuntar que en 2017 se obtuvieron unos 200 millones.
La diputada del PSOE, Isabel García, ha manifestado que espera "incluso un poco más que el PP" de esta comisión porque "la postura del Gobierno es favorable a hacer una modificación del impuesto para armonizarlo con el resto de Comunidades".
Según ha apuntado, el objetivo es que "los aragoneses no se vean perjudicados, que haya progresividad y esto se va a conseguir con la propuesta de reforma que va a venir del Ejecutivo y no con esta comisión en la que parece que se pretenda más un circo que una comisión de estudio".
CELERIDAD
La diputada de Podemos y presidenta de la Cámara autonómica, Violeta Barba, ha dicho que se va a intentar trabajar con "celeridad, seriedad y rigor", teniendo en cuenta que el número de parlamentarios es limitado y hay otras comisiones y ponencias en funcionamiento.
Ha añadido que "hasta ahora los presidentes de los Parlamentos autonómicos habían realizado otros planteamiento políticos, menos como miembros de su grupo", pero ha afirmado que sabrá diferenciar "bien" los dos posicionamientos.
La diputada del PAR, Elena Allué, ha confiado en que los máximos expertos especializados en sucesiones y en Derecho Foral aragonés exponga su postura sobre este impuesto y sobre la figura de la fiducia y ha deseado que se pueda conseguir una "rebaja fiscal" porque Aragón es la "campeona" en este tributo, dejando "en desventaja competitiva" a los aragoneses, "que han de pagar cien veces más que en Madrid y mil que en Canarias".
El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha explicado que su grupo quiere conocer la opinión de algunos expertos sobre cómo pueda afectar la reforma a la Comunidad y ha recordado que este grupo solicitó un informe "que ya está encima de la mesa y que vamos a analizar para establecer unas medidas concretas a lo largo de los próximos meses".
ESCEPTICISMO
El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha mostrado un "escepticismo enorme" ante esta comisión puesto que ya existe un informe de 200 páginas "técnicamente muy bueno, donde se dice lo que ocurre con este impuesto" y se han pronunciado también los expertos del grupo de trabajo sobre la financiación autonómica, además de que el Gobierno de Aragón "tiene voluntad de traer un proyecto de ley para hacer una reforma".
Por eso, ha estimado que esta comisión va a ser "una caja de propaganda para reproducir un debate que parece ser que tiene réditos electorales", y, como ejemplo, ha dicho que el PP ha pedido que pudiera asistir público, algo que no se ha hecho nunca y que se ha rechazado, aunque las sesiones sí serán públicas y se retransmitirán por streaming, también en la parte de las preguntas.
A su entender, esta comisión "no va a aportar nada, salvo convulsión, conflicto y debate enconado en un tema en el que todos tenemos claras las posiciones" y son "difíciles de conciliar" por lo que "hay un tufillo de que con esto se quiere buscar el disenso, no el consenso" por "criterios electoralistas".
La diputada de IU, Patricia Luquin, ha manifestado que con esta comisión "la derecha se ha salido con la suya, después de tanto insistir", para dudar de que se logre llegar a un acuerdo común y estimar que "vamos a confrontar dos tipos de modelos, los que apuestan por rebajar la presión fiscal y los que están en contra, como IU".
Luquin ha indicado que la eliminación de este impuesto es una competencia estatal y por eso si el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, del PP, "hubiera querido, lo habría derogado".
Respecto a la capacidad autonómica, ha esgrimido que las Comunidades "han empezado una carrera electoral y de rebajas", cuando en Aragón "solo afecta al 10 por ciento de la población y a los que más heredan" y "si se va a rebajar, que se diga de dónde se va a sacar el dinero porque IU no quiere que esa aminoración termine repercutiendo en políticas como educación y sanidad".
