ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha criticado que desde el inicio la pandemia los Centros Municipales de Servicios Sociales no se encuentran abiertos al público, atendiendo únicamente de manera telefónica a través de la línea 900 y "solo en algunos casos, muy marginalmente, de manera presencial y nunca a demanda ciudadana".
Luisa Broto ha alertado de esta situación porque supone una "fuerte restricción a los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales y sus prestaciones".
Esta "limitación" en el acceso a los servicios sociales ha provocado que a lo largo de la pandemia, más de 90.000 personas, casi un 53 por ciento de las personas que han llamado para pedir una cita, no hayan conseguido ser atendidas por los Centros Municipales de Servicios Sociales.
De estas 90.000 personas, 66.722 no han sido derivadas al considerarse su demanda como "no pertinente", y otras 23.755, un 13 por ciento, no han conseguido siquiera contactar con esta línea ni con
los servicios sociales. Los datos constan en el informe de gestión de la línea 900 de este periodo, ha detallado ZeC en una nota de prensa.
"El que desde la línea 900 se valore la pertinencia o no de una demanda relacionada con los servicios sociales supone un filtro inadmisible y una vulneración de derechos que va en contra de lo establecido tanto por la Ley de Servicios Sociales de Aragón como con el Decreto de Centros Servicios Sociales que establecen que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación son servicios públicos de gestión directa", ha expresado Broto.
Desde ZeC han asegurado que esta situación está suponiendo, por
ejemplo, que se esté informando "erróneamente" a personas no
empadronadas de que no pueden ser atendidas por los servicios sociales
cuando, en muchos casos, es a través de éstos desde los que se debe facilitar dicho empadronamiento.
DESCONOCER LA REALIDAD
Otro ejemplo que ha citado es el hecho de que se esté informando de la no pertinencia de determinadas peticiones sin una valoración completa de la situación, lo que no permite ofrecer posibles alternativas más allá de la solicitud de una ayuda.
"Son los propios profesionales de los servicios sociales municipales los que deben dar atención a las necesidades de la población, estudiar de manera global la situación y en función de ello
valorar la pertinencia o no de la demanda, así como las posibles
alternativas", ha afirmado la edil.
A juicio de Broto, el consejero municipal de Acción Social, Ángel Lorén, "desconoce la realidad de la intervención social y sólo entiende los servicios sociales como un expedidor de ayudas de alimentación sin mirar más allá ni posibilitar alternativas reales a las familias"
FUERTE CAÍDA EN LAS AYUDAS A VIVIENDA Y SUMINISTROS
Broto ha contado que entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, las ayudas destinadas a pago de vivienda, suministros y otras necesidades no vinculadas a la alimentación han caído en más de 1,7 millones de euros, un 76 por ciento menos, respecto al mismo periodo de 2019.
Lo mismo ha sucedido en cuanto a las solicitudes de ayudas por estos conceptos, que han descendido en más de un 80 por ciento pasando aproximadamente de 7.300 en 2019 a 1.400 en 2020, casi 6.000 ayudas menos.
Las ayudas para todos estos conceptos han supuesto en 2020 únicamente un 10 por ciento del total de las ayudas totales en comparación con el 51 por ciento que estas ayudas supusieron en 2019.
En concreto la cuantía de las ayudas destinadas al pago de alquiler e hipoteca han caído en casi un 80 por ciento durante este periodo pasando de 1,2 millones a apenas 350.000 euros en 2020.
Lo mismo sucede con las ayudas destinadas al pago de suministros
(electricidad y gas) que han caído en un 83 por ciento pasando de 265.000 euros a menos de 50.000.
"JUGAR DE FORMA IMPÚDICA"
Esta situación está provocada por las "restricciones" establecidas por Ángel Lorén, que "ha impedido" a los Centros Municipales de Servicios Sociales la tramitación de ayudas vinculadas al alquiler o la electricidad, entre algunos ejemplos, y "únicamente ha permitido, hasta hace poco, la tramitación de ayudas de alimentación", ha criticado Broto.
Esta situación está suponiendo "un impacto tremendo en la situación de las familias", lo que va a desembocar en "un incremento exponencial en los procesos de desahucio por impago de la vivienda y de cortes de suministro energético justo en el momento en que van a incrementarse estas necesidades al acercarnos al invierno", ha advertido Broto.
"Que el señor Ángel Lorén argumente que ya existía una moratoria para el pago de alquiler y electricidad demuestra el profundo desconocimiento de la situación por la que pasan las familias a las que no se ha tramitado dichas ayudas y que en ningún caso iban a poder afrontar esta situación", ha expresado la edil.
Por esta razón, le ha pedido al consejero municipal que "deje jugar de manera impúdica con los datos al anunciar a bombo y platillo incrementos en las ayudas", cuando el incremento total durante la pandemia no ha alcanzado el millón de euros, ya que gran parte del
incremento en ayudas de urgencia de alimentación se ha visto compensado con la importante disminución en el resto de conceptos.
"El Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, recogía entre sus puntos la apertura de todos los Centros Municipales de Servicios Sociales y el Incremento del gasto social y flexibilización criterios para la concesión de ayudas sociales. Es el momento de empezar a cumplirlo", ha concluido.
