OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El servicio de Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Oviedo ha alertado al Equipo de Gobierno de la "gravedad" de la personación del Ayuntamiento en el caso 'Enredadera', que investiga diversos delitos contra la Administración Pública vinculados al amaño de concursos y licitaciones.
Los servicios jurídicos locales trasladaron un informe al Equipo de Gobierno después de que el tripartito --Somos, PSOE e IU-- se interesase por su posible personación en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona. Finalmente este lunes el Gobierno ovetense decidió personarse en la causa.
En su informe, remitido a los medios, los letrados recuerdan que "no es posible el personamiento en un proceso penal como mero espectador, o con la simple finalidad de tener acceso a los documentos que se incorporan a las Diligencias Previas", sino que "ha de acreditarse la existencia real y efectiva de un perjuicio, y cuando se habla de "perjuicio" no puede apelarse a una suerte de derecho de imagen o del honor, de difícil encaje respecto de una Administración Pública, como este mismo Ayuntamiento ya ha tenido oportunidad de comprobar".
Así, Abogacía Consistorial ha explicado al Equipo de Gobierno que la única posición que podría justificar el personamiento del Ayuntamiento de Oviedo en las Diligencias Previas sería la correspondiente a la "acusación particular", en definitiva como Parte Acusadora.
"No podemos silenciar la gravedad que comportaría la adopción de un Acuerdo en tal sentido, puesto que supondría un posicionamiento explícito de esta Administración Local, al menos en este momento inicial del proceso penal (fase de instrucción) y sin perjuicio de lo que pudiera resultar del el desarrollo del mismo, en contra de dos de sus empleados", señalan.
Por otro lado, han recordado al Ejecutivo Local que la práctica mayoritariamente seguida por este Ayuntamiento en los procesos penales seguidos frente a sus empleados o autoridades ha sido la de confiar en el Ministerio Fiscal el ejercicio de la "acción pública penal".
El Juzgado de Instrucción, en el Auto de del 2 de julio en el que se solicitaba el registro en el Ayuntamiento de Oviedo, considera que las investigadas son "conductas dirigidas a alterar el resultado de los concursos públicos en materia de contratación administrativa, produciendo un perjuicio al erario público".
Finalmente los servicios jurídicos explican que, paralelamente a la decisión que adopte la Corporación respecto a la personación, o no, del Ayuntamiento en dicho proceso penal, "visto el conjunto de actuaciones que se predican de los empleados públicos investigados, es nuestro parecer que el Ayuntamiento no debería dilatar la incoación de los oportunos procedimientos dirigidos a la exhaustiva fiscalización de todos aquellos expedientes en los que hubieran tenido participación, ya fuere directa o indirecta, los funcionarios objeto de investigación, así como aquellos correspondientes al SEIS mientras estuvo ocupando la Jefatura, José Ramón Torres Ruiz".
El exjefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, habría mantenido conversaciones con los empresarios investigados en la trama, y por ello se le investiga por la ejecución de delitos como inducción a la prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración pública, tráfico de influencias y cohecho.
