OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registran desde las 9.05 horas el área de Contratación del Ayuntamiento de Oviedo, en dependencias municipales y el área de Seguridad Ciudadana en la sede de la Policía Local de Oviedo.
La Policía Nacional ha lanzado este martes a primera hora una operación anticorrupción con registros en varios ayuntamientos de toda la geografía española, entre los que se encuentra el de Oviedo, por la contratación presuntamente irregular de aplicaciones de tráfico, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los agentes que se encuentran el consistorio ovetense está acompañados del concejal Roberto Sánchez Ramos (IU) que está sustituyendo por vacaciones al edil responsable de ése área, Iván Álvarez (IU). Y en el registro de las dependencias del área de Seguridad Ciudadana se encuentra el concejal Ricardo Fernández (PSOE).
Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del equipo de Gobierno municipal han manifestado que hasta el momento se desconoce si la información que solicita la Policía se refiere a contratos anteriores o del actual ejecutivo local. "De momento ninguna de las empresas que salieron en la información son adjudicatarias actuales del Ayuntamiento", sostienen las mismas fuentes.
En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos.
En el operativo en el que participan 580 Policías, liderado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) junto con la Fiscalía Anticorrupción, se prevé detenciones principalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias, Aragón, Andalucía y Castilla y León.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de los siguientes municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones y Villaquilambre.
Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
En el dispositivo, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección de varios juzgados, la UDEF cuenta con apoyo de otras unidades de la de Policía Judicial y de jefaturas superiores.
Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal.
