OVIEDO, 27 Sep. (EUROP press) -
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, la socialista Melania Álvarez, ha querido hacer este viernes autocrítica en relación a la tramitación de prestaciones por dependencia o por el salario social básico (SSB), la renta mínima asturiana.
"En política, como en la vida, es bueno pedir disculpas, y hoy quiero hacerlo por la demora en las valoraciones de la dependencia y en la gestión del salario social", ha dicho en su intervención inicial en la que ha comparecido ante los grupos parlamentarios, acompañada de su equipo, para avanzar los objetivos de legislatura.
Con la intención de evitar la "incertidumbre", el "desasosiego" yy la "frustración" que representa esa espera para las personas dependientes, Melania Álvarez ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque de dos años de duración.
Esa medida, ha avanzado, aportará acciones "urgentes" para la optimización de los procesos y de los medios personales y materiales existentes. Se procederá también a eliminar duplicidades y a simplificar la tramitación, y se apelará a la colaboración y coordinación con las entidades locales y demás recursos en el territorio, principalmente, del ámbito de la salud.
De manera paralela, el Principado revisará la normativa sobre el procedimiento, todo ello a la vista del resultado de las medidas adoptadas.
La dirigente asturiana, no obstante, ha aprovechado la ocasión para referirse al problema de la financiación. Ha explicado que Asturias ha defendido activamente, junto a otras comunidades autónomas, la necesidad de reclamar las cantidades que dejaron de percibir desde 2012 y de un nuevo sistema de financiación finalista, que tenga en cuenta el coste de las prestaciones y un reparto equitativo entre Administraciones. "La ausencia de Gobierno central ha frustrado la adopción de las medidas previstas para continuar con la recuperación del nivel de financiación", ha lamentado.
Pese a esa "clara insuficiencia" de la financiación estatal al Sistema, este año se ha recuperado su carácter universal en Asturias, con la publicación en el mes de junio de la resolución por la que se establece un importe garantizado para las prestaciones económicas, ha dicho. No obstante ha insistido en que Asturias continuará exigiendo y colaborando para la mejora de financiación del sistema.
SSB
También se ha comprometido a resolver en plazo los expedientes relativos al salario social básico (SSB). Ha explicado Álvarez que aunque se ha producido una estabilización en los últimos años del número de perceptores y de la prestación (alrededor de 22.500 perceptores al año y un presupuesto en 2018 de 124 millones de euros), se ha generado por el contrario un importante aumento de las revisiones, ya que cada mes, más de 1.850 personas comunican variaciones en su situación que pueden repercutir en su derecho al salario o en su cuantía.
Ante ese volumen de trabajo, ha planteado la necesidad de avanzar con el Proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Remitirá el proyecto de ley nuevamente al parlamento asturiano en este primer periodo de sesiones de la legislatura, para su debate y aprobación.
De ser aprobada, se podrán poner en marcha diferentes medidas, como la agilización con el uso de la declaración responsable, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo, una atención diferenciada a las personas mayores, exención a ingresos provenientes de pensiones o la creación de un complemento a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas.
Todas esas medidas deberán ir acompañadas de la mejora de los medios personales y materiales y de acciones para una mayor coordinación y colaboración con otras administraciones y organismos públicos, lo que permitirá entre otras un mejor control y seguimiento de la prestación y la lucha contra el fraude, ha dicho Melania Álvarez.
