OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha informado este martes del aplazamiento del juicio que se iba a celebrar el día 20 de febrero al diputado regional asturiano de Podemos Andrés Fernández Vilanova y el concejal de Somos (marca local de Podemos) en Oviedo Rubén Rosón, entre otros acusados, por un delito de usurpación del inmueble conocido como 'La Madreña'.
El aplazamiento se produce, según el TSJA, por coincidencia con otros señalamientos, entre otros temas. Aún no se ha fijado la nueva fecha de celebración.
Vilanova y Rosón serán juzgados junto a otros ocho acusados, por un delito de usurpación del inmueble conocido como 'La Madreña', en Oviedo (Asturias). El fiscal pide multas para cada uno de los acusados.
Fue en noviembre de 2011 cuando un grupo de personas, vinculadas a movimientos de los 'indignados', decidieron instalarse en la antigua sede de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, ubicada en la calle General Elorza y que estaba vacía. Desde el principio, fueron bien recibidos por el vecindario, al revitalizar el inmueble y generar distintas acciones culturales, educativas y solidarias.
No obstante, la constructora Sedes, propietaria del inmueble y que está participada por el Gobierno del Principado, llevó a los tribunales la situación. Los activistas fueron desalojados en el año 2014. Luego, el edificio fue derruido y se está construyendo otro en el mismo lugar.
El delito que se les imputa a los diez acusados se refiere a la ocupación sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, o se mantuviere en el contra la voluntad de su titular.
ESCRITO DE FISCALÍA
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de multa para cada uno de los diez acusados. Según su escrito, fue el 15 de noviembre de 2011 cuando un colectivo indeterminado de personas, entre las que se encontraban los acusados, integrantes del movimiento 15M, luego conocido por 'La Madreña', guiado por el ánimo de "utilizar de forma permanente para fines personales el edificio deshabitado y cerrado" y "a sabiendas de que no habían solicitado ni contaban con ninguna autorización del propietario".
Se introdujeron en él y colocaron carteles en las ventanas y vallas de la finca con las leyendas "okupación temporal", "espacio libre 15 M", "un desahucio una okupación", "garra lo que ye tuyo" y otras similares.
El fiscal explica que el día 16 de noviembre se personó en el edificio una patrulla policial con el objetivo de identificar a los responsables de la intromisión, encontrando, junto a un grupo de cinco personas que portaban pasamontañas, a uno de los acusados, quien accedió a identificarse, manifestando a los agentes que se trataba de una ocupación temporal de carácter reivindicativo y que uno de los proyectos del movimiento 15-M era disponer de esas instalaciones para habilitar un centro social. Igualmente, el acusado se ofrecía para recibir cualquier notificación relacionada con los hechos.
El 26 de diciembre de 2012 nuevamente acudió al edificio una patrulla policial, hallando a otros dos acusados, quienes se encontraban descargando efectos de una furgoneta para introducirlos en el edificio y que accedieron a identificarse, manifestando que formaban parte de la asamblea que regulaba las normas internas del centro.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordenó, por auto de 29 de abril de 2014, como medida cautelar, el desalojo, precinto y clausura del inmueble. El 3 de junio de 2014, sobre las 06.30 horas, funcionarios de la Policía Nacional acudieron a materializar el desalojo del inmueble, encontrándose la valla de acceso cerrada con una cadena y la puerta principal de entrada al edificio cerrada y reforzada desde el interior por palés de construcción, tablas clavadas y otros enseres, los cuales tuvieron que derribar. Una vez en el interior, se dirigieron a la segunda planta, encontrándose que el acceso igualmente estaba bloqueado con armarios y tablas clavadas.
Tras lograr la apertura, hallaron en su interior a varios acusados, únicos miembros del colectivo ocupante que quedaban en el inmueble. Tras culminar el desalojo, el edificio fue retornado al propietario. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de usurpación y solicita que se condene a cada uno de los acusados a la pena de multa de 4 meses, a razón de 12 euros al día (1.440 euros).
