OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, ha reprochado este lunes durante su comparecencia en la Comisión del área, las "arriesgadas" actuaciones del Sindicato Médico (Simpa) durante las jornadas de huelga sanitaria.
En concreto, Blanco ha hecho referencia a "la emisión de información directa a los pacientes para que no acudieran a las citas programadas, sin matizar la casuística presente en las agendas"; "la permanente presión del comité de huelga sobre los médicos para que los servicios mínimos a atender se limitaran a la atención de las urgencias y que no se respetarán, por no aceptarlos, los mínimos establecidos, bien documentados y enmarcados en algo tan sensible como es la atención sanitaria".
También ha destacado la "derivación de los pacientes desde las consultas ya programadas a los servicios de urgencias para intentar colapsar los mismos, con el riesgo que eso supone ante la presencia de posibles eventualidades de emergencia o actuaciones en cuadros de atención crítica".
Al respecto, el consejero ha defendido las medidas adoptadas por la Administración sanitaria para "minimizar" las consecuencias de esas "desafortunadas" actuaciones de los responsables sindicales, que Blanco considera prácticas "muy reprochables". "No hay caos porque estamos gobernando", aseveró.
Asimismo, Blanco ha reconocido que el impacto de la huelga está siendo "mucho mayor del deseable" aunque menor del apuntado por los convocantes, al tiempo que sostiene que el conflicto comenzó por la aplicación en Asturias de las medidas de ajuste del Gobierno central en relación con el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos.
Igualmente, el consejero ha apelado a la necesidad de cumplir el objetivo de déficit y de garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema público sanitario, asegurando que desde el Servicio de Salud (Sespa) se ha fomentado un "intenso diálogo" con las centrales sindicales que todavía tiene "margen" de negociación para llegar a un acuerdo.
LOS GRUPOS
En una comisión marcada en su inicio por pitadas y peticiones de dimisión para el consejero por parte de representantes de los sindicatos del ámbito sanitario en las inmediaciones de la Junta General, el diputado de Foro Albano Longo criticó al Ejecutivo autonómico por "no contar" con los profesionales y le acusó de conducir a la comunidad "hacia el abismo" al ir "más allá" de las medidas impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Ignacio Prendes (UPyD), ha instado al consejero a concretar su voluntad de diálogo para "desenquistar" el conflicto."El alargamiento del conflicto hace que se pierdan los objetivos", apuntó el parlamentario reclamando como prioridad que se preserve el derecho a la salud de los asturianos.
Desde IU, la diputada Noemí Martín ha puesto el acento en cómo se gestionan los servicios públicos en un contexto de crisis preservando, en la medida de lo posible, el empleo.
Así, aboga por tratar de llegar a un punto de encuentro "sin vencedores ni vencidos", acotando aquellos elementos que se puedan "flexibilizar".
El diputado del PP Alfonso Román López ha asegurado que desde su grupo no tienen "la más mínima intención" de hacer del conflicto sanitario un arma arrojadiza contra el Gobierno asturiano. No obstante, señala que las huelgas no se miden por los participantes sino por su incidencia, y cree que los de esta son "muy graves" por su prolongación y por las consecuencias para los pacientes.
Así, pide al Principado "flexibilidad y voluntad de diálogo" para que se agilice la resolución y se evite la "radicalización" del conflicto.
Finalmente, la diputada socialista Pilar Alonso agradeció a Faustino Blanco "la intensidad y claridad" de su intervención y le trasladó el apoyo de su grupo parlamentario ante lo que considera "una huelga política".
Igualmente, ha pedido "seriedad y rigor" en el desarrollo del derecho a la huelga destacando el compromiso del Ejecutivo para "mejorar la productividad" del sistema "sin tocar" las prestaciones ni los salarios "de quienes tienen menor nivel retributivo" con el objetivo final de garantizar la viabilidad del modelo público.
