OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha afirmado que el partido acepta el voto de los emigrantes, pero no que se incumpla el artículo 75.4 de la Ley Electoral General, que establece que "toda la documentación se enviará a la oficina consular de carrera o a la sección consular de la misión diplomática a la que el elector esté adscrito". "Hay base más que suficiente para impugnar esos 331 votos que han llegado por un procedimiento irregular y por lo tanto para garantizar la pureza del escrutinio de los votos procedentes de la emigración", ha insistido.
En declaraciones a la Cadena Cope remitidas por el partido, el presidente en funciones se ha referido así al recurso presentado contra la admisión de los votos del Censo Electoral de Residentes Ausentes enviados por vía postal en las elecciones autonómicas recientemente celebradas.
Álvarez-Cascos ha explicado que con un artículo "tan claro" "han aparecido 331 votos que se han dirigido directamente a la Junta Electoral Provincial" "modificando sustancialmente el procedimiento garantista establecido en la ley".
Del mismo modo, ha calificado de "hecho insólito" el que se trate de "una interpretación personal del presidente de la Junta Electoral Central, cuya interpretación modifica la ley y quiebra el procedimiento garantista que ha aprobado el Parlamento español".
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El candidato a la reelección ha recordado que la existencia de un escaño en litigio por recursos derivados del escrutinio "no es una novedad", ya que en Asturias hubo un litigio interpuesto por el socialista Álvaro Cuesta contra el recuento de los votos en las elecciones generales del año 2000 que llegó al Tribunal Constitucional.
Por último, preguntado por la posibilidad de un acuerdo postelectoral con el PP, ha condicionado el acuerdo a la existencia de un programa "con las suficientes coincidencias para hacer un programa de gobierno común", a partir del que "hablar de reparto de responsabilidades institucionales en sede parlamentaria y también de distribución de responsabilidades en el ámbito del Gobierno del Principado".
