MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el proyecto de Real Decreto por el que se modifican diferentes normas relativas a la gestión de los residuos de los vehículos al final de su vida útil, valorando positivamente algunos aspectos de la normativa propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero ha pedido coordinación entre las comunidades autónomas a la hora de establecer requisitos similares para determinar las fianzas y las garantías financieras necesarias para los centros autorizados de tratamiento.
En este sentido, la CNMC ha recordado que la regulación de la gestión de residuos contiene una serie de obligaciones dirigidas a proteger los intereses generales vinculados con la salud pública y la conservación del medio ambiente. El proyecto del Gobierno transpone parcialmente la normativa europea e introduce medidas adicionales en la normativa de estos residuos.
Entre los aspectos positivos, la CNMC ha destacado que esta nueva regulación clarifica el ámbito de aplicación del traslado de piezas y componentes, aclara que todos los vehículos al final de su vida útil se gestionen correctamente en instalaciones de tratamiento, mejora la trazabilidad de los residuos y establece una mayor precisión de los supuestos del procedimiento administrativo de baja temporal.
Sin embargo, la comisión ha identificado algunas posibilidades de mejora del proyecto, como la necesidad de una mayor justificación de la exigencia de fianza, seguro o garantía financiera para los centros autorizados, estableciendo criterios para su concreción y la coordinación entre las comunidades autónomas para que se alcancen unos requisitos similares.
También ha solicitado que se incluya una mayor justificación de las nuevas obligaciones de la inspección técnica de vehículos (ITV), con el objetivo de evitar inspecciones innecesarias que supongan un incremento de las cargas administrativas y de los costes económicos de los ciudadanos.
La CNMC también ha hecho una serie de recomendaciones de mejora sobre la normativa que en la actualidad está vigente, como promover licitaciones públicas en la entrega de vehículos abandonados a una instalación de tratamiento por parte de los ayuntamientos, así como introducir medidas para reducir el riesgo de intercambio de información comercialmente sensible entre los miembros de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores.
