OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, duda de que tras la aprobación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se pueda implantar el aborto como prestación sanitaria en Asturias por la objeción de conciencia de los profesionales.
"No sé si será posible la implantación como prestación, ya que hasta ahora no se realizaba en la sanidad pública asturiana por la generalización de la objeción de conciencia", argumentó Carmen Rodríguez en declaraciones a Europa Press.
La presidenta del Colegio de Médicos reiteró la postura "contraria" del órgano colegial a la aprobación de la ley, ya que "lógicamente los médicos se forman para salvar vidas no para quitarlas".
Así se refirió a la ley aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a los cuatro meses de dicha publicación.
Para Carmen Rodríguez es fundamental "la libertad de decisión" de los profesionales sanitarios y el derecho a la objeción de conciencia. "Cada persona debe ser lo suficientemente firme como para decidir sin presión sobre sus actos", aseveró en relación a los médicos.
De hecho, considera que el derecho a objetar del profesional es "tan o más importante" que el de la mujer a ser usuaria de una interrupción voluntaria del embarazo.
Además, lamentó que con la aprobación de esta ley "no se haya hablado ni tenido en cuenta el derecho del embrión a la vida", y apuntó que no se puede poner "el derecho de la mujer por encima de otros".
La nueva ley permite abortar libremente en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud de la madre o malformaciones en el feto.
Uno de los puntos más polémicos, el de las menores, queda fijado de la siguiente manera: las chicas de 16 y 17 años que deben informar al menos a uno de sus padres o tutores legales su deseo de abortar, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles "un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo", algo que para lo 'populares' "se va a convertir en un coladero".
