OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido abrir un expediente informativo tras la denuncia formulada por el ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, contra el PP de Gijón por tirarle correspondencia privada a la basura. Según consta en el acuerdo al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor del expediente será el vocal del Comité Nacional de Derechos y Garantías Ángel Fernández Díaz.
Secretario de actas del PP y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Fernández Díaz gozará, según dicho acuerdo, "de los más amplios poderes y facultades para desempeñar dicha instrucción". Se iniciará además un expediente informativo para "averiguar los hechos denunciados" así como a los responsables de los mismos.
En el acuerdo, ratificado por el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco, y por el secretario, Carlos Argos, se ruega a todos los órganos colegiados y unipersonales regionales, "así como a los de Gijón", que colaboren con el instructor y faciliten su labor "al máximo posible".
La labor de este abogado madrileño, que se incorporó a la secretaría General del PP en 1993, será la de emitir un informe con las conclusiones y propuestas que estime pertinentes y remitirlo al Comité para que este adopte "la resolución que resulte procedente".
El ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, denunció este mes ante la Agencia Española de Protección de Datos al PP de Gijón por haber tirado a la basura un archivo que contenía datos personales. Los documentos fueron hallados el pasado mes de abril por un vecino de Gijón en un contenedor de escombros ubicado en la acera de la sede de los 'populares'.
Entre la documentación encontrada en la basura, se encontraban diversas cartas con Fraga Iribarne, con el que fuera presidente del Gobierno de la República española en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz, además de comunicaciones con responsables municipales e incluso correspondencia de índole familiar. El archivo pertenece a los años 1979 y 1980.
Por su parte, la presidenta del PP de Gijón Pilar Fernández Pardo desmintió rotundamente que los documentos de Cascos procedieran de su sede local y anunció medidas legales contra el gijonés que remitió los documentos al ex ministro.
Días después, en una misiva enviada a dos diarios asturianos, el ex vicepresidente del Gobierno calificó de "grupito sectario", "sin escrúpulos" y "fuera del sistema" a la dirección del PP de Gijón y aseguró que el mayor castigo que pueden recibir es "que se conozca toda la verdad".
