Martínez niega que sea uno de los Consejos más costosos y pide a Ciudadanos que sea riguroso en los datos
OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha defendido este jueves en sede Parlamentaria la labor desarrollada por el Consejo Consultivo que el año pasado recibió 358 consultas y elaboró 323 dictámenes, de los que la mayoría, el 83% son por responsabilidad patrimonial.
Respecto al presupuesto ha indicado que el mismo ascendió a 1,4 millones de euros, siendo de 1,3 el presupuesto ejecutado y el coste por dictamen fue de 4.624 euros, 4.177 euros por dictamen en cuento a coste ejecutado, una cifra que ha indicado está por debajo de los de los Consejos Consultivos de otras comunidades y solo por encima de Galicia, País Vasco y Madrid.
De este modo, y ante las críticas de Ciudadanos, el consejero ha negado que el Consejo Consultivo del Principado sea el más caro de España y ha pedido a la formación morada que sea riguroso cuando habla de estas cuestiones.
Así, Martínez ha defendido que, junto al de Castilla y León y Madrid, el de Asturias es el Consejo Consultivo con menor número de vocales --cinco en total-- y si los mismos se eligen cada seis años se hace para que las posibles mayorías electorales no condiciones la elección de los vocales.
Ha pedido además que Ciudadanos deje de hablar de "déficit democrático" a la hora de elegir a los vocales y que exponga, en su futuro programa electoral, el modelo por el que optaría su formación sin denostar los demás. "Ustedes se acuerdan ahora, a poco tiempo de elecciones, de proponer esta reforma cuando saben que no es posible", ha indicado el consejero.
El diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé fue el encargado de interpelar al consejero, al que ha planteado si no considera, tras catorce años, necesario revisar la ley, la designación de los vocales del Consejo, así como reducir los costes de personal.
Ha recordado que actualmente el Gobierno designa a tres de los cinco vocales del Consejo, y la Junta General nombra a los dos restantes. A su juicio, "es el momento" de evaluar el funcionamiento de un órgano que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros, de los cuales el 80 por ciento se destina a gastos de personal.
Sin contemplar su supresión al ser estatutario y tener una función "muy importante", ha resaltado la necesidad de modificarlo para poner fin al "inmovilismo" por el que los dos grupos mayoritarios de la cámara protagonizan "una alternancia" sin que sea "una verdadera alternativa de cambio y renovación".
