García Alonso recuerda que países europeos han aprobado leyes de restitución de la propiedad a dueños de la era anterior al comunismo
El catedrático González Vega advierte del problema social que supondría decidir sobre inmuebles habitados por familias cubanas
OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las reclamaciones sobre bienes inmuebles nacionalizados por la Revolución cubana cuando Fidel Castro llegó al poder en la isla no llegarán hasta que se produzca un "cambio total" o una "modificación radical" del actual modelo político, jurídico y socio económico en el país, según expertos juristas consultados por Europa Press. En todo caso, y a pesar de que Fidel Castro haya anunciado que no aspira a ser reelegido, las fuentes consultadas coincidieron en decir que es "prematuro" plantearse ejercer esas acciones jurídicas en el contexto actual.
El abogado asturiano especializado en Derecho Civil y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Oviedo, Jorge García Alonso, señaló que es "inviable" cualquier tipo de reclamación sobre bienes nacionalizados hasta que no se establezca en Cuba un sistema basado en los principios de democracia, Estado de Derecho y economía de mercado. "Sólo si llega a producirse ese imprescindible cambio jurídico-político cabría plantearse ese tipo de acciones", apuntó.
Según García Alonso, en el momento actual, mientras el modelo sigue igual, resulta "ilusorio" plantearse la posibilidad de restitución de los bienes confiscados. A su juicio, esas acciones sólo podrían llegar si los cubanos, por sí, libremente, deciden darse otro marco político y legal, con reconocimiento de la propiedad privada y dentro de una economía de libre mercado, donde "para fomentar las inversiones que Cuba necesita y dar seguridad y confianza a éstas, deberá establecerse un Estado de Derecho que atienda reclamaciones como las mencionadas".
En todo caso, señaló que hasta que ese momento llegue es preferible una transición "en paz, pausada y segura". No obstante, recordó que en la situación actual se hace difícil que Cuba soporte tantas reclamaciones si no se establece un plan o programa que lo permita a medio o largo plazo, o empleando técnicas diversas que en unos casos puedan pasar por la restitución y en otros por una compensación económica.
Preguntado sobre si la restitución de esos bienes sería similar a la que se produjo tras el régimen de Franco en España, Jorge García Alonso, dijo que podría ser algo parecido si se dieran unas condiciones análogas. No obstante, señaló que resultan más valiosas las experiencias de países centroeuropeos y de Europa oriental como República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, que llegaron a aprobar leyes de restitución de la propiedad a dueños de la era anterior al comunismo.
En cuanto a la documentación necesaria para presentar, en el momento oportuno las reclamaciones por los particulares afectados, García Alonso dijo que será necesario probar bien los derechos de propiedad con los correspondientes títulos, como pueden ser escrituras y documentos públicos, inscripciones del dominio en el Registro de la Propiedad y, además, la identificación de los inmuebles reclamados con los títulos que se aportan.
Sobre los negocios y empresas, habrá que demostrar su titularidad con los documentos que se posean y con los demás medios de prueba válidos en Derecho. "Así, sería necesario no sólo el título de propiedad originario de los bienes, sino también las sucesiones que se hayan producido para justificar que los reclamantes son los 'derechohabientes' de los propietarios iniciales", apuntó Jorge García Alonso.
CONVENIO.
Además, el abogado asturiano consideró que también los particulares que se acogieron al Convenio de 1986 entre España y Cuba, que establecía las indemnizaciones por los bienes nacionalizados por la Revolución, podrán todavía reclamar el pago de la diferencia entre la indemnización cobrada y el valor real de los bienes, según la doctrina que viene aplicando el Tribunal Supremo, en concreto en sentencias del 10 de diciembre de 2003, 12 de diciembre de 2003 y 30 de junio de 2004, que establece que el derecho de los "particulares" no se extingue por un acuerdo entre estados.
En Estados Unidos, sobre todo en Miami, diversos equipos jurídicos preparan sus respectivas reclamaciones en el momento en el que cambie la situación política. En el caso del país norteamericano, sin embargo, el Gobierno sí podrá apoyar las reclamaciones de los particulares, ya que no firmó ningún convenio renunciando a reivindicar bienes, como sí hizo España.
García Alonso admitió que podría ser "práctico" que los particulares españoles aprovecharan el momento en que desde EEUU ejerciera sus reclamaciones, aunque matizó que cabe pensar en una "avalancha" de reclamaciones, lo que dificultará atenderlas todas, provocando "numerosos procesos, largos y complicados".
IMPRACTICABLE EN LA ACTUALIDAD.
Por su parte, el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, Javier A. González Vega, admite que los particulares afectados pueden intentar el ejercicio de acciones de reivindicación de la propiedad o indemnizaciones ante los Tribunales internos de Cuba, aunque señala que "esa solución es impracticable en la actualidad".
Para plantear ese tipo de acciones, Rodríguez Vega considera necesario un cambio político y socio-económico "radical" que debería ser, para ser más exactos, "ultraliberal", algo que facilitaría la adopción de normas "des-socializadoras" donde encontrarían cabida medidas restitutorias a favor de los afectados por las nacionalizaciones.
No obstante, señaló que personalmente cree que ese panorama "está alejado de la probable evolución de la situación". Con el actual sistema y a día de hoy, resultaría "inconcebible" realizar las reclamaciones, según Rodríguez Vega.
FAMILIAS.
En todo caso, Rodríguez Vega puso el acento en los inconvenientes "de orden social" que podrán plantear muchas de las reivindicaciones restitutorias de inmuebles, pues se encuentran habitados por familias, lo que llevaría -en el caso hipotético de que prosperaran las acciones- a propiciar millones de desahucios en el país, lo que sería política, social y humanamente "insostenible" para un régimen democrático, "por muy liberal que sea".
Preguntado sobre la posible influencia de los norteamericanos, dijo que la "presión" de EEUU, junto a un hipotético gobierno cubano "dócil y entregado a Washington" sería "decisiva" a juicio de Rodríguez Vega, para una solución favorable a sus nacionales perjudicados. Pero dijo que eso no significa que se vayan a beneficiar los particulares nacionales. "Para que fuera de otra forma sería necesario que las medidas fueran establecidas por parte del Derecho cubano y para todos los perjudicados".
En este sentido, dijo que no es infrecuente que algunos de los españoles afectados por las medidas adoptadas por la revolución cubana posean al mismo tiempo la nacionalidad de otro Estado -frecuentemente la de Estados Unidos-. "En estos casos de doble nacionalidad, cabe, si se determina que ésta última es efectiva la posibilidad de instar la protección de EEUU en cuyo caso se beneficiarían del apoyo de este Estado y de los arreglos a los que pudiera llegar éste en un futuro".
