OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía defiende que las empresas de carácter público son eficientes y asegura que las cifras que el Grupo Parlamentario Popular (GPP) baraja sobre el sector público asturiano omiten importantes datos y, como resultado de ello, sus conclusiones "falsean la realidad, deliberada o inadvertidamente, con el único fin de obtener réditos políticos".
Según indicó la Consejería en nota de prensa, el sector público, "lejos de suponer una carga para los ciudadanos, cumple funciones esenciales que no escapan al control del Principado de Asturias". Además de ser "necesario y eficiente", desempeña su papel sin suponer un coste adicional y señalan que está en una buena situación de solvencia.
El Grupo Parlamentario Popular calcula que durante el periodo 2003-2010 se ha pasado de 74 a 144 millones de euros en gastos de explotación de las sociedades públicas. Sin embargo, el Gobierno Regional cree que al comparar ambas cifras de gasto no tuvo en cuenta las nuevas inversiones y servicios que ha puesto en marcha el Principado de Asturias, la evolución de la inflación, y, en especial, los ingresos que reciben dichas sociedades por su actividad en el mercado.
Un número "limitado" de empresas públicas realizan tareas para la Administración que se financian a través de transferencias nominativas corrientes y de capital desde el Principado de Asturias.
Estas transferencias son el verdadero coste para el contribuyente de las empresas públicas, y no superan los 25 millones de euros, según apuntó la Consejería.
La razón de realizar estos trabajos a través de sociedades públicas, creadas por Ley en el Parlamento, es "puramente económica", ya que se considera que este sistema es "más eficiente que su contratación con empresas privadas".
El PP asegura que los gastos operativos se han doblado durante el periodo 2003-2010. Pero omite, según el Principado, los ingresos de las empresas, que "aumentaron en mayor medida durante estos ejercicios".
Las partidas han aumentado debido a la inflación, dado que los precios han crecido un 20,6 por ciento entre 2003 y 2010. Además a una mayor actividad de mercado de las empresas que ya pertenecían al sector público en ese momento y a la aparición de nuevas sociedades que realizan tareas para la Administración, como Gispasa, Asturex o Recrea.
Adicionalmente, el PP se refirió a "los costes" que supone para el Principado la empresa Sedes. Esta sociedad, así como Itvasa o Sadei, han obtenido beneficios durante los últimos años y no sólo no costaron dinero al contribuyente, sino que durante el periodo 2004-2009, aportaron dinero al Principado de Asturias. En el caso de Sedes, su actividad en el mercado reportó 1,12 millones de euros en concepto de dividendos.
En cuanto al endeudamiento del sector público, cuando el Grupo Parlamentario Popular habla de deuda, lo hace "sin distinguir la distinta naturaleza de la misma", según el Gobierno Socialista. Este endeudamiento, sin embargo, se está destinando a la inversión por parte de las empresas del Principado de Asturias.
Así, soporta un activo no corriente (inversiones) que alcanzará los 605,1 millones de euros. No obstante, es necesario señalar que el crecimiento en la deuda previsto para 2010 se debe especialmente a la inversión de Gispasa en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital de Mieres, que se puede observar en el activo no corriente previsto para Gispasa de 396,9 millones de euros.
El Gobierno del Principado de Asturias considera, en este caso, que una apuesta por la sanidad pública pasa por mantener el compromiso de realizar ambos hospitales con la máxima calidad. Por ello precisamente no prevé en ningún caso un recorte de la inversión en estos equipamientos, como parece sugerir el Grupo Parlamentario Popular.
La Consejería de Economía señala que, dentro de las medidas de ajuste a las que se ha comprometido el Gobierno del Principado de Asturias para el periodo 2010-2012, se estudiará la posibilidad de reorganizar tareas y reducir el gasto, tanto en la propia Administración como en las empresas del sector público.
No se trata de suprimir funciones que existen sino, como ya viene reiterando el Ejecutivo, de dar prioridad a los servicios e inversiones básicos. En este sentido, el ajuste que está en estudio no se refiere tanto a empresas concretas como a tareas de las que se pueda prescindir en favor del mantenimiento de la sanidad, la educación o las prestaciones sociales.
