Acusación y testigos alegan que la mujer no entiende el valor del dinero y es "vulnerable"
GIJÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado gijonés acusado de quedarse con 182.000 euros de unos clientes ha defendido este miércoles su inocencia, en el juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, al argumentar que todas las extracciones hechas de la cuenta bancaria están justificadas.
"Entendía perfectamente lo que firmaba", ha declarado el procesado durante a preguntas solo de su abogado, frente a la versión de que la mujer del denunciante desconocía lo que firmaba.
La Fiscalía, por su parte, ha mantenido la petición de seis años de cárcel para el acusado, si bien ha elevado la cantidad de la que se apropió el procesado de 171.000 euros a 182.141 euros.
También le pide inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado y multa de 10.800 euros más 5.000 euros por los daños morales infringidos.
El acusado ha explicado que la mujer había llegado a su despacho a resultas de un accidente laboral que tuvo su marido y que le dejó incapacitado.
La mujer decidió trasladarse a Valladolid por tener su familia allí y pidió al abogado que le buscara una residencia para su marido y un piso para ella.
Desde el bufete, gestionaron la indemnización por incapacidad del marido, pero más tarde le firmó un poder notarial para poder gestionar sus cuentas.
"Nunca, en ningún momento, vi un solo euro", ha respondido sobre si derivó dinero para su beneficio. Es más, ha sostenido que su clienta tenía "pleno acceso" a su cuenta y en siete años no había presentado "ni una queja".
Ha explicado, además, que ella sacaba dinero del banco pero le pedía que le llevara más a Valladolid, algunas veces cantidades elevadas. También ha afirmado que él "nunca" obligó a su cliente a firmar documentos. "Siempre actuó como una persona normal", ha indicado.
Sí que ha reconocido el error en alguna factura, por coger un modelo anterior en el que no se cambió la fecha, para justificar que parezca que se firmaron antes de sacar el dinero.
También ha señalado que la clienta le firmó un poder notarial para poder extraer dinero, una vez que, según él, el banco le notificara que el poder anterior no servía para hacer transferencias.
FIRMA "VOLUNTARIA"
"Ella pactó de buen agrado la continuidad y lo firmó voluntariamente", ha indicado. Ya, según él, cuando vio que no tenía intención de pagar, presentó un requerimiento judicial para el cobro de sus honorarios. Según el acusado, esta le llamó y le amenazó con denunciarle.
Versión distinta ha contado la demandante, quien llegó a decir, en declaración por videoconferencia, que desconoce que hubiera cobrado una indemnización por el accidente de su marido ni haber firmado el poder notarial.
Esta ha relatado que al ir a sacar dinero al banco le dijeron que no había saldo. Esto originó que tuviera que acudir a Cáritas para poder comer o que pidiera a la puerta de la iglesia, así como que le cortaran los suministros eléctricos por impagos.
Y si bien sí ha reconocido que el acusado fue a verla a Valladolid unas tres o cuatro veces, ha negado que este le diera dinero alguno. Sí que le dio papeles para firmar pero sin saber para qué era. "Yo leía pero no entendía nada", ha puntualizado, al tiempo que ha asegurado que el acusado no le daba justificante de lo que firmaba.
A preguntas de su abogado, ha justificado que fue a Cáritas "porque no tenía para comer", si bien en la actualidad no tiene problemas económicos.
En el juicio ha declarado también una abogada de Valladolid, a la que acudió la demandante por medio de uno de sus clientes que había visto pedir a la puerta de la iglesia a la mujer.
Esta letrada explicó que acompañó a la demandante al banco, donde pidió los movimientos del último año y se vio que había muchas extracciones desde Gijón, si bien esta abogada desconocía si tenía autorización o no o si tenía justificación.
Fue en mayor de 2017 cuando la mujer volvió a la abogada para decirle que el acusado había presentado un requerimiento para que le pagara 25.000 euros que supuestamente se le adeudaban.
La testigo trató de ponerse en contacto con el acusado, pero este le dijo que no tenía nada de que hablar. Por ese motivo, y al ver que la demandante era una mujer "vulnerable" y que no parecía entender el valor del dinero, puso la información a disposición de la Fiscalía.
PERSONAS VULNERABLES
Esta abogada ha relatado que la mujer tenía "mucha confianza" en el acusado y que ella y su marido eran personas "totalmente desprotegidas, vulnerables e indefensas", ha insistido. Asimismo, ha apuntado que en septiembre de 2017 el procesado le hizo firmar a la mujer un montón de documentos.
Durante la vista oral también ha testificado una agente de la Policía Nacional, quien ha señalado que se detectaron reintegros "importantes y bastantes" desde Gijón, así como ciertas "anomalías" en los documentos justificativos. Tanto es así que, a juicio de la Policía, parecían haberse hecho "de golpe y en serie". Ha dejado claro, eso sí, que "en ningún momento" pone en duda que las firmas sean verdaderas.
También ha señalado que antes del accidente el matrimonio venía a extraer de la cuenta mensualmente entre 900 y pico a 1.200 o 1.500 euros, algo que continuó cuando el marido ingresó en la residencia y se mudaron a Valladolid. Al margen de esto, había domiciliados recibos y se realizaban extracciones de dinero de la cuenta desde Gijón.
Sobre esto último, ha considerado, "factible, pero extraño", que el abogado tuviera que llevarle dinero desde Gijón a Valladolid si la mujer solía sacarlo habitualmente de su cuenta.
ABUSO DE CONFIANZA
De acuerdo al relato fiscal, el acusado, en su condición de abogado, llevaba al 50 por ciento una asesoría jurídica, junto con otra letrada.
El 28 de julio de 2009, tras el accidente de la víctima que le dejó graves secuelas, hizo que la mujer, asesorada por el personal sanitario, acudiera al acusado para que la ayudara con el cobro de las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad permanente a las que tuviera derecho su marido y de las indemnizaciones que le pudieran corresponder.
Como ella era clienta de una tienda que regentaba la madre del acusado, acudió en mayo de 2010 a su despacho para encomendar la realización de todos los trámites necesarios.
El INSS reconoció con efectos económicos desde 15 de junio de 2010 la prestación de incapacidad permanente en el grado de gran invalidez al marido, con un importe económico líquido de 2.847,03 euros mensuales desde el 31 de diciembre de 2010.
Hasta ese mes, el marido había seguido cobrando la nómina y, a su vez, la mutua, como entidad colaboradora del INSS, había efectuado una transferencia de 4.750 euros a su favor en julio de 2010. Por parte de los seguros se abonó 95.000 euros.
En esas fechas, marido y mujer se trasladaron a Valladolid, ya que ella tenía a su madre y a unas hermanas allí y pidieron al bufete buscar una residencia para él y a ella un piso de alquiler cercano.
El acusado convenció en octubre de 2010 a la mujer, dado que se marchaba a Valladolid, para que les otorgara un poder para que pudieran seguir realizando gestiones, el cual les facultaba para retirar de las cuentas bancarias fondos o efectuar trasferencias.
El acusado, al margen de su compañera de despacho, procedió a "abusar" del poder otorgado, según la Fiscalía, entre 2010 y 2017, llegando la cuenta a estar en 2014 ya en números rojos.
La mujer tuvo que acudir a Cáritas y se puso a pedir limosna en las puertas de las iglesias, hasta que una persona la acompañó al despacho de una abogada en Valladolid, que denunció los hechos en la Fiscalía.
En sentencia de 9 de mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia n 10 de Valladolid declaró la no capacidad para otorgar poderes de la mujer, revocando el concedido al acusado.
