Recuerda que el aborto es "la última opción" y debe primar la prevención de embarazos no deseados.
Considera "respetable" la objeción de conciencia mientras se garantice plantilla disponible para practicar las interrupciones.
OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La sexóloga asturiana Carolina Lombardía defiende el "derecho" al aborto en la sanidad pública para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la prestación. Asimismo, apunta como opción para que los gastos de la Administración sanitaria no se dispare, asimilar protocolos similares a los de los centros privados, con intervención ambulatoria y anestesia local.
Lombardía señaló en declaraciones a Europa Press que para "garantizar" que se trate de un derecho, debe ofrecerse una prestación "accesible, de calidad y sin riesgos". Por ello, considera necesario que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realicen en la sanidad pública, contra la dinámica actual en la que solo atiende un mínimo porcentaje, ya que "si tiene un coste, no es un derecho sino solo una opción o posibilidad".
Al respecto, y ante el coste que puede tener para las Administraciones sanitarias, la experta indicó la praxis en las clínicas privadas, que hasta el momento realizan más del 95 por ciento de las interrupciones. La cirugía sin ingreso con anestesia local permite que la mujer esté recuperada de la intervención en unas horas, frente al protocolo tradicional de la sanidad pública que conlleva ingreso y anestesia general con una recuperación más lenta, con lo que se reducen los costes y la necesidad de espacio, explicó.
Lombardía hizo este análisis en relación con la aprobación esta semana en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de las conclusiones de la Subcomisión encargada de estudiar la reforma de la ley del aborto. El texto fue apoyado por PSOE, ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai y rechazado por el PP, con la abstención del PNV, y la ausencia de voto de CiU.
La propuesta apunta a un aborto libre durante un determinado número de semanas, aún sin determinar, que será ampliable en casos concretos; la capacidad de decisión a partir de los 16 años sin autorización paterna; y su garantía como derecho en la sanidad pública, entre otras novedades. A partir de ahora el Gobierno deberá desarrollar su propuesta para llevarla a debate ante Congreso y Senado.
La sexóloga asturiana recordó, en el marco del debate social sobre la reforma, que el aborto es "la última opción", por lo que entiende que debe garantizarse su realización pero a la vez deben potenciarse planes de prevención de embarazos no deseados y reforzarse programas fuertes de apoyo a la maternidad. "Hay que respetar el derecho al aborto y también apoyar a aquellas mujeres que ante un embarazo no deseado deciden seguir adelante y ser madres", argumentó destacando la importancia de "educar y formar para garantizar decisiones consecuentes y maduras".
"La posibilidad de elección en libertad es la base de los derechos", apuntilló, al tiempo que dijo que la legalización del aborto "no es un nuevo método de planificación familiar" sino "el último eslabón de una larga cadena que debe iniciarse y sustentarse en la prevención", afirmó. "Con la reforma se debe trabajar para que el aborto se produzca en el menor de los casos posibles, pero con las mayores garantías sanitarias y legales, sin la estigmatización de la mujer", reseñó.
Una de las novedades más polémicas de la reforma es la relativa a los plazos. La sexóloga indicó que la práctica y los diferentes estudios relativos a las interrupciones, sitúan los plazos "más seguros" en el primer trimestre, sobre las 14 semanas. Por ello, considera que la propuesta de entre las 12 y 16 semanas es "aceptable y próxima a la realidad española".
Asimismo, en cuanto a la propuesta de la subcomisión de que se pueda decidir desde los 16 años sin autorización de los padres, la sexóloga indicó que siempre que se aborde desde protocolos de evaluación del menor maduro le parece correcto. "Actualmente se respeta la decisión de una menor cuando opta por continuar con el embarazo en contra de la voluntad paterna, por tanto es lógico que se acepte su voluntad en el sentido contrario", explicó.
Carolina Lombardía también abordó la objeción de conciencia de los profesionales médicos. Para la sexóloga es "respetable" esa opción, pero dice que la sanidad pública deberá garantizar, igualmente que haya plantilla disponible para practicar las interrupciones.
