FAMYR pedirá al Fiscal Superior que "judicialice" la exhumación de las fosas comunes asturianas

Actualizado: domingo, 22 noviembre 2009 11:35

Solicitarán que se siga el mismo procedimiento que se utiliza en el caso de otras muertes violentas recientes

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la directiva de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) y del colectivo 'Todos los nombres' se reunirán en las próximas semanas por primera vez con el Fiscal Superior del Principado, Gerardo Herrero, para pedirle que "judicialice" el proceso de investigación y exhumación de las fosas vinculadas a los crímenes del franquismo.

El vicepresidente de FAMYR, Rafael Velasco, explicó en declaraciones a Europa Press que en dicho encuentro trasladarán a Herrero su "preocupación y desacuerdo" por la postura de la Fiscalía de no facilitar la intervención judicial penal en el descubrimiento de fosas comunes y de no cumplir con los mandatos del juez Garzón a las Audiencias Provinciales.

El pasado 20 de octubre, el Fiscal Superior consideró que, pese a que es justo reparar a las víctimas de la represión política, no resulta apropiado recurrir al proceso penal puesto que éste no puede esclarecer los hechos ni exigir responsabilidades a los partícipes.

El Ministerio Público consideraba que la reparación moral que se pretende mediante el reconocimiento de la injusticia sufrida, así como la identificación y entrega de los restos a sus familiares " se enmarca dentro de la Justicia reparadora y no legitima en absoluto la intervención del juez penal".

Para estos colectivos, se trata de crímenes de lesa humanidad, equiparables al genocidio, que, según las legislación internacional vigente, pueden ser investigados en cualquier momento y lugar, "principalmente cuando no se han hallado los restos".

Asimismo, defienden que las fosas sean abiertas por miembros de la Administración de Justicia y no por asociaciones privadas "que no pueden aportar las suficientes garantías y se ven obligadas a excavar sin protocolos reglados ni cualificación".

"Pedimos que se siga el mismo cauce que se utiliza en el caso de otras muertes violentas recientes. Con todos los medios que tiene el Estado dejarlo en manos privadas puede convertirse en un negocio o en algo difícil y precario", subrayó Velasco.

En este sentido, lamentó el "profundo desorden" que se agudiza aún más cuando las fosas se ubican en fincas privadas en las que el propietario puede no autorizar a realizar la exhumación, "un obstáculo que no existiría si interviniese la justicia", puntualiza.

FAMYR ve "imprescindible" la colaboración judicial para que se averigüe quiénes son los responsables de los crímenes y la identidad de los enterrados. Piden además que se investiguen las órdenes políticas que ampararon los fusilamientos porque algunos de los responsables "podrían estar vivos".

Además de la colaboración del Fiscal, esperan que el Gobierno de Asturias redacte una ley que permita intervenir a las asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica asturiana. Por el momento, -explican- el Principado está trabajando en la elaboración de un catálogo de las fosas asturianas "que no irá más allá de su señalización y dignificación mediante la construcción de monumentos conmemorativos".

En este sentido, lamentan la "disparidad absoluta de criterios" entre autonomías y aplauden el elevado compromiso de comunidades como Cataluña, con una ley de memoria histórica que incluye protocolos de actuación y que cuenta con numerosos apoyos.

En el ámbito local, ensalzan la labor desarrollada en las últimas décadas por el consistorio de Oviedo, que, "bajo distintos colores políticos" y con la colaboración de los familiares, "ha sabido cuidar" la fosa común anexa al cementerio.

Según datos que maneja la Federación, en Asturias existen 78 fosas con centenares de cadáveres de represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.