OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Gimena Llamedo, ha hablado este sábado de la condena de los acusados por el 'caso Marea', la trama de corrupción en la contratación pública asturiana.
"Nosotros respetamos la sentencia, las penas han sido coincidentes con las que la Fiscalía pedía, eran las que el Principado defendía en este caso y siempre ha estado defendiendo los intereses de Asturias", ha comentado en unas declaraciones emitidas por Televisión del Principado de Asturias (TPA) y recogidas por Europa Press.
Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Portavoz del Gobierno de Asturias, Melania Álvarez, ha mostrado ya su rechazo a comportamientos como los que han sido juzgados en el 'caso Marea', porque son "absolutamente inaceptables y sin cabida en la sociedad asturiana".
"Queremos subrayar, en este punto, nuestro compromiso con la lucha decidida contra la corrupción", ha dicho la responsable del Ejecutivo asturiano, de signo socialista, tras insistir en que el Gobierno regional ejerció la acusación particular y que los planteamientos del Principado, incluida la solicitud de penas, siempre fueron similares o coincidentes con los de la Fiscalía.
Fue este viernes cuando se conocía que el Tribunal Supremo confirmaba penas de prisión para los principales acusados, entre ellos quien fuera consejero de Educación del Gobierno asturiano, José Luis Iglesias Riopedre.
Después de dos años el Tribunal Supremo ha decidido modificar algunas penas, principalmente por lo que considera dilaciones injustificadas y por no haber llamado a declarar a directores de colegios afectados. La pena para el exconsejero de Educación del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, se ha quedado en cinco años y dos meses de prisión. Mientras, para la exdirectora de Planificación de la consejería de Riopedre, María Jesús Otero, que había sido condenada por la Audiencia a nueve años, se ha rebajado el tiempo de prisión a cinco años y cinco meses.
Los hechos que fueron juzgados por la Audiencia Provincial de Oviedo se produjeron entre 2003 y 2010 en el ámbito de las Consejerías asturianas de Asuntos Sociales, de Cultura, de Administraciones Públicas y de Educación. Los empresarios encausados proporcionaban dádivas a los funcionarios condenados ( en una suma total que superaba los dos millones de euros) a cambio de adjudicaciones en suministros de equipamientos, material y obras para las mencionadas Consejerías.
Se acabó implantando un sistema mediante el que los funcionarios que percibían las dádivas adjudicaban con asiduidad los contratos de prestación ,corrompiéndose así la objetividad y la imparcialidad en la adjudicación de los contratos de la Administración Pública ( delitos de cohecho, falsedad y prevaricación) .
En otros casos se consintió que los empresarios no entregaran, total o parcialmente, el material y la mercancía que había adquirido la Administración autonómica, de tal forma que ésta abonaba las facturas y no recibía a cambio el suministro comprado o la obra estipulada. Parte de ese dinero retenido o apropiado por alguno de los empresarios lo dedicaban a abonar dádivas y la otra parte se quedaban con él (delito de malversación).
